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Estudiante quedó sin poder defenderse ni derecho a cursar tras pelea: Universidad rehará investigación por orden de tribunal
Imagen referencial / Fotografía: Agencia Uno

Estudiante quedó sin poder defenderse ni derecho a cursar tras pelea: Universidad rehará investigación por orden de tribunal

Por: Matias Rojas | 15.02.2025
Una estudiante de kinesiología de la Universidad Autónoma de Chile fue sancionada con la suspensión de un semestre, inhabilitación para realizar ayudantías y restricción de beneficios económicos, sin respetarse su derecho a defensa ni presentar descargos durante el proceso.

La Corte de San Miguel acogió un recurso de protección en contra de la Universidad Autónoma de Chile por aplicar una medida de suspensión arbitraria a una estudiante de kinesiología tras una pelea con una compañera. El tribunal determinó que el procedimiento disciplinario vulneró las garantías del debido proceso.

La alumna presentó el recurso argumentando que fue sancionada sin tener acceso al video usado como prueba ni considerar sus descargos, que justificaban su actuar en legítima defensa por hostigamiento previo. Además, denunció que la universidad excedió sus facultades al solicitarle renunciar a la gratuidad otorgada por el Ministerio de Educación.

Por su parte, la casa de estudios instó por el rechazo de la acción, señalando que la recurrente "confesó haber iniciado la agresión física al tomar bruscamente a su compañera", lo que fue corroborado por testigos presenciales. Argumentaron que la sanción era proporcional considerando la irreprochable conducta anterior de la estudiante.

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Sin embargo, la Corte de San Miguel constató múltiples irregularidades en el procedimiento disciplinario. El tribunal determinó que no se cumplieron las garantías mínimas previstas en el Reglamento de Conducta y Convivencia Universitaria, incluyendo la falta de notificación sobre la denuncia y el cierre de la investigación.

En consecuencia, el tribunal acogió el recurso, dejó sin efecto las sanciones y ordenó retrotraer el proceso para que un fiscal no inhabilitado permita que la estudiante realice sus descargos y presente pruebas. Esta decisión fue posteriormente confirmada por la Corte Suprema.

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