Era diciembre de 2024 cuando la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó el informe de la comisión mixta que definió todos los actos y conductas catalogados como antisociales en el contexto de la tramitación de la nueva Ley Antiterrorista, e inmediatamente después fue despachada.

Ya en ese momento emergían las preocupaciones respecto de la legalización de dispositivos que pueden rastrear e interceptar metadatos y telecomunicaciones de celulares varios kilómetros a la redonda, lo cual -según planteaban- podría vulnerar garantías fundamentales como el derecho a la privacidad.

Con todo, el Gobierno promulgó esta semana el nuevo marco legal a pesar de los cuestionamientos de algunos sectores del oficialismo que criticaban específicamente la incorporación del artículo 19 que permite el uso de herramientas intrusivas que podrían no discriminar al momento de detectar amenazas o sujetos sospechosos.

TC descartó hacer cambios a la normativa en dos ocasiones

Esto llevó a que parlamentarios del Partido Comunista y el Frente Amplio recurrieran al Tribunal Constitucional (TC) para revisar el punto y en particular la utilización de la tecnología Imsi Catcher en el marco de la detección temprana de personas o hechos amenazantes y la lucha contra el terrorismo y delitos de características similares.

Y si bien dado que la nueva Ley Antiterrorista tiene normas orgánicas constitucionales y que de todas formas debía pasar por la revisión del TC antes de ser promulgada oficialmente, lo cierto es que el ente fiscalizador de la Constitución de la República no consideró los repartos de los congresistas de izquierda.

Así, la diputada Lorena Fries (FA), los senadores comunistas Daniel Núñez y Claudia Pascual, y sus pares de la Democracia Cristiana, Yasna Provoste y Francisco Huenchumilla, presentaron un "téngase presente" que nuevamente no obtuvo respuesta por parte del tribunal supremo.

La respuesta del Ejecutivo

Cuando se discutía la pertinencia de esta normativa en el detalle de la legislación, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, dijo que "el Ejecutivo cree que la forma en que quedó resuelta la aplicación del Imsi Catcher en esta ley es adecuada".

"Partió con una definición extremadamente laxa, que generaba muchos riesgos, porque no se había puesto ante todas las posibilidades de un uso inadecuado o de afectación de terceros que no tuvieran participación en los hechos. Pero la fórmula (...) restringió esto", respondió en ese momento la jefa del Gabinete presidencial.

Asimismo, insistió en que "no se van a poder conocer los datos, las conversaciones, el contenido de los mensajes, nada de eso. Solamente se va a poder identificar la presencia de un dispositivo en un lugar donde hay una investigación de interés y del teléfono que está ligado a ese dispositivo".