En 2023, Codelco (Corporación Nacional del Cobre de Chile), llevó a cabo una polémica adquisición de la empresa australiana Lithium Power International Limited (LPI) por un valor de $236 mil millones, más del doble de su valor bursátil en ese momento. La operación tenía como objetivo principal el desarrollo de un proyecto de explotación de litio en el Salar de Maricunga, una de las principales reservas de este mineral en Chile.

No obstante, el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco Matte, reconoció ante el Congreso Nacional que LPI no disponía de los activos necesarios para llevar a cabo la explotación del litio en dicha zona. Este reconocimiento abrió un abanico de interrogantes sobre la legalidad y la conveniencia de la transacción, que derivó en una querella criminal por fraude al fisco.

Contexto de la compra e irregularidades detectadas

La compra de LPI fue justificada por Codelco como una inversión estratégica para asegurar el desarrollo del “Proyecto Blanco”, un proyecto de explotación de litio en el Salar de Maricunga, Región de Atacama. Sin embargo, las declaraciones de Pacheco ante la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados revelaron inconsistencias significativas.

En primer lugar, Pacheco admitió que la empresa LPI carecía de los activos físicos necesarios para llevar a cabo el proyecto de litio en la zona. Además, se detalló que las pertenencias mineras de LPI no otorgaban los derechos legales para la explotación del litio, y que “Proyecto Blanco” se encontraba pendiente de resolución en el Tribunal Ambiental de Santiago. Por si fuera poco, Codelco adquirió LPI a un precio inflado, pagando más del doble del valor en el que se transaban sus acciones en la bolsa australiana.

Este conjunto de irregularidades generó la alarma tanto en el ámbito político como en el judicial, lo que motivó la presentación de una querella criminal por fraude al fisco por parte del abogado y economista Julián Alcayaga Olivares. La querella apunta a que Codelco, como empresa Estatal, no cumplió con los estándares de transparencia y eficiencia que se esperaban en una operación de tal magnitud, con recursos públicos involucrados.

Investigación judicial y reapertura del caso

El caso fue inicialmente derivado a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, donde se decidió archivar la investigación tras cinco meses de indagatorias. Sin embargo, el querellante se opuso a esta decisión, argumentando que no se habían realizado las diligencias mínimas necesarias para esclarecer los hechos.

En respuesta, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ordenó la reapertura de la investigación, instruyendo al Ministerio Público para que despachara una orden de investigación a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI) y emitiese oficios con el fin de esclarecer los hechos.

La decisión del tribunal fue un punto clave en el desarrollo del caso, ya que subraya la importancia de una investigación exhaustiva y objetiva en situaciones que podrían involucrar corrupción y fraude al fisco. Como explicó el abogado del querellante, Mauricio Daza, la fiscalía no puede tomar una decisión final sobre un caso basándose únicamente en la versión de la parte investigada, en este caso Codelco. Por lo tanto, el tribunal ha instado a que se realice una investigación más profunda y rigurosa, dada la gravedad de los hechos expuestos.

Implicancias del caso

Expone la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización en las operaciones del sector público, particularmente en áreas estratégicas como la minería. Codelco, como empresa estatal encargada de gestionar los recursos del cobre y otros minerales, tiene una responsabilidad crucial en la correcta administración de estos recursos, que pertenecen al Estado y, por ende, a la ciudadanía.

La falta de transparencia y la evidente descoordinación en la toma de decisiones que involucran grandes sumas de dinero público pueden erosionar la confianza de la población en las instituciones del Estado.

Asimismo, refleja “posibles fallas” en la supervisión interna y externa de Codelco. Este tipo de operaciones no solo ponen en riesgo la eficiencia económica del país, sino que también pueden constituir un acto de corrupción, en caso de que se confirme que se actuó en detrimento del erario público.

El desarrollo de este caso también pone en evidencia las debilidades en el sistema de fiscalización y justicia en Chile. La decisión inicial de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte de archivar el caso sin realizar diligencias mínimas muestra una deficiencia en la aplicación del mandato jurídico que recae sobre el Ministerio Público para investigar casos de corrupción.

La intervención del Séptimo Juzgado de Garantía, al ordenar la reapertura de la investigación, representa un llamado de atención sobre la importancia de un control efectivo y una actuación imparcial en la investigación de posibles delitos que involucren a figuras de alto perfil y empresas públicas.