Casa de reposo funcionaba sin autorización, recibió multas y fue clausurada: Suprema confirma cierre y 12 adultos mayores quedan en vilo
Una casa de reposo en Chillán fue clausurada luego de que la Seremi de Salud de Ñuble constatara que operaba sin la autorización sanitaria requerida.
La medida fue confirmada por la Corte Suprema, que rechazó el recurso presentado por la administración del establecimiento, respaldando la legalidad de la decisión.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, el recinto funcionaba anteriormente en otro inmueble con los permisos correspondientes, pero en 2024 fue trasladado a una nueva ubicación.
En febrero de ese año, la Seremi de Salud realizó una fiscalización y verificó que el establecimiento operaba sin la autorización sanitaria, por lo que otorgó un plazo de 60 días para regularizar su situación.
En abril, se aplicó una multa de 30 UTM tras constatar que no se habían solucionado las observaciones realizadas.
En octubre de 2024, una nueva inspección determinó que el establecimiento continuaba sin contar con los permisos exigidos por la normativa.
Como resultado, la Seremi ordenó su clausura y estableció un plazo de 60 días para que los 12 adultos mayores que residían en el lugar fueran entregados a sus familiares o reubicados en otro recinto autorizado.
La administración del hogar presentó un recurso de protección argumentando que la clausura afectaba los derechos de los residentes y que se encontraban en proceso de regularización.
Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Chillán rechazó la solicitud, señalando que la medida se ajustaba a derecho y que la autoridad sanitaria tiene la facultad de fiscalizar y sancionar a los establecimientos que no cumplan con la normativa vigente.
La causa fue llevada ante la Corte Suprema, que ratificó el fallo. En su decisión, el tribunal concluyó que la clausura fue aplicada conforme a la legislación sanitaria y que el establecimiento no acreditó haber cumplido con los requisitos para obtener su autorización.
Además, la Corte determinó que la Seremi de Salud debía coordinarse con otras instituciones, como el Servicio Nacional del Adulto Mayor y la Municipalidad de Portezuelo, para garantizar que los 12 residentes recibieran la atención necesaria y fueran trasladados a lugares adecuados.
