Una de las motivaciones para llegar al Congreso fue la plena convicción de la urgente necesidad de reformar la política de drogas en nuestro país. Tras años de activismo en este ámbito, mantengo la certeza de que el problema actual de las drogas y el narcotráfico radica en la fallida política de “guerra a las drogas” impuesta a nivel mundial.

Esta estrategia, instaurada en la década de 1960, no ha cumplido ninguno de los objetivos que se planteó: reducir el consumo indebido de sustancias y controlar el tráfico ilegal de estupefacientes. Los resultados están a la vista.

Desde la implementación global de las políticas derivadas de la Convención Única de Estupefacientes de 1961, el consumo problemático de sustancias y el narcotráfico han aumentado significativamente. Esta estrategia no solo ha fracasado en sus objetivos principales, sino que ha dejado una estela de daños en la población mundial. Las consecuencias se viven en el corazón de los territorios, en la periferia y están presentes en nuestro distrito.

Afortunadamente, algunos países han reconocido esta realidad e impulsado reformas importantes para corregir las nefastas consecuencias que hoy enfrentamos. Estamos convencidos de que ciertas sustancias, comenzando por el cannabis, deben ser reguladas. La estrategia debe centrarse en un enfoque sanitario basado en la educación con información veraz, sin estigmatización ni campañas de miedo.

Mientras exista una demanda por estas sustancias y continúen siendo prohibidas y penalizadas, el crimen organizado seguirá siendo quien satisface esa demanda, aumentando sus ingresos, su poder de fuego y su capacidad para corromper las instituciones del Estado. La regulación de ciertas sustancias, que ya está ganando terreno en el mundo, es también un asunto de derechos humanos, orientado a cuidar y proteger a la población.

Transformar esta realidad fue una de las principales motivaciones que nos llevaron al Congreso Nacional en 2022, con el propósito de visibilizar esta realidad e impulsar el trabajo necesario para lograr los cambios.

El reconocimiento de más derechos para los usuarios, tanto pacientes como usuarios recreativos que están en permanente riesgo de ser injustamente criminalizados e incluso encarcelados, ha sido y seguirá siendo nuestro norte. No es razonable, y menos ético, continuar desperdiciando recursos estatales, siempre escasos, en perseguir a civiles y pacientes inocentes. En democracia, es una vergüenza.

Aunque los desafíos pendientes son muchos, hemos tenido avances concretos, fruto de un intenso trabajo.

1- Bancada Transversal Regulación por la Paz (2022): Creada el 13 de junio de 2022 ante el avance del narcotráfico y la criminalización de usuarios de cannabis, reúne a más de 50 parlamentarios de distintos sectores políticos, siendo la fuerza más numerosa en el Congreso. Impulsa una nueva Política de Drogas y una regulación integral para alejar a los usuarios de redes del narcotráfico y garantizar sus derechos.

2- Ley de Fibromialgia y Dolores Crónicos no Oncológicos (2023): Promulgada el 1 de febrero de 2023, asegura el acceso a terapias alternativas y complementarias, incluyendo fitoterapias basadas en cannabis.

3- Ley Antinarco (2023): Promulgada el 9 de mayo de 2023, combate el narcotráfico y crimen organizado. Se corrigió el riesgo que afectaba a pacientes usuarios de cannabis, estableciendo la receta médica como justificación suficiente para el cultivo medicinal. El Tribunal Constitucional ratificó la legalidad del autocultivo para uso personal. La ley busca evitar la criminalización y allanamientos injustos, impulsando protocolos interinstitucionales con entidades como policías, Ministerio Público y Salud.

4- Ajustes en el SAG (2024): Ante interpretaciones erróneas sobre autorizaciones de cultivo, se logró que el SAG aclarara que no otorga permisos para el cultivo domiciliario de cannabis y que el artículo 8° de la ley 20.000 contempla justificaciones que exceden sus competencias.

5- Narcotest (2024): Se presentó una indicación en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2025 para eximir del control a conductores en tratamiento con cannabis. Se busca evitar sanciones injustas, considerando que la presencia de THC en sangre no implica estar bajo sus efectos. Se trabaja con Senda en nuevas herramientas de fiscalización adecuadas.

¿Qué falta por lograr? (2025)

Aunque los avances han sido significativos, aún nos queda camino por recorrer para consolidar un cambio de paradigma en torno al desafiante tema de las drogas, en sintonía con el nuevo rumbo que están tomando las miradas de los organismos internacionales. Seguiremos impulsando la correcta implementación de las normativas para así avanzar en dar garantías a la comunidad.

Resulta fundamental caminar hacia una regulación integral del cannabis, que desvincule a los usuarios por completo del crimen organizado, como ya está comenzando a suceder de manera incipiente. Creemos firmemente que una transformación de esta magnitud tendrá un impacto sustancial en la vida de nuestros territorios más vulnerables, muchos de ellos actualmente amenazados por bandas criminales.

Un cambio de mirada permitiría reforzar la conexión de sus ciudadanos con un Estado que educa, protege, acompaña y brinda ayuda, desde una perspectiva de salud humanizada.

Esperamos, durante este año, concretar los ajustes necesarios, en colaboración con el Ejecutivo, para que el compromiso del presidente Boric sea una realidad; haber terminado en su gobierno con la persecución y criminalización de los usuarios de cannabis en Chile. Casi 3 millones de chilenas y chilenos no pueden vivir con temor a ser perseguidos. No más, nunca más.

Por un Chile más humano, seguiremos trabajando.