En marzo de 2019, un suboficial del Ejército murió en la Escuela de Caballería Blindada de Iquique tras recibir un disparo de un soldado conscripto que estaba de guardia en la base.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, otro suboficial también perdió la vida en el mismo incidente. Luego de los disparos, el conscripto se suicidó.

Lo que hace aún más grave este caso es que el soldado no debía estar cumpliendo funciones de guardia ese día.

Había sido evaluado psicológicamente y clasificado como un caso de riesgo, lo que significaba que debía recibir seguimiento y no podía desempeñar tareas con acceso a armamento.

Además, al momento del hecho, tenía una licencia médica que tampoco fue respetada. A pesar de esto, el Ejército lo puso de guardia con un arma de guerra en su poder.

El Tercer Juzgado de Letras de Iquique determinó que hubo una “falta de servicio” por parte del Ejército, ya que no se aplicaron los protocolos de seguridad establecidos.

La sentencia señala que “los fallecimientos pudieron ser eventualmente evitados de haberse aplicado los protocolos institucionales” y que se produjo un “incumplimiento de los protocolos de detección psicológica de conductas de riesgo”.

Dado que la institución permitió que el soldado cumpliera una función para la que no estaba en condiciones, la justicia resolvió que el Estado debe pagar $70.000.000 como indemnización a la familia del suboficial fallecido, distribuidos entre su esposa e hijos.