Es importante recordar el para qué se hace un monumento: para homenajear una gesta histórica. Y, no se podrá negar, que el gobierno de Sebastián Piñera durante la revuelta popular fue todo lo contrario a una gesta histórica, dejando 34 muertos, más de 450 hombres y mujeres mutiladas, 194 mujeres violentadas sexualmente y miles de chilenos y chilenas que sufrieron daños físicos.

Conmemorar a Sebastián Piñera con un monumento en la Plaza de la Constitución es una afrenta muy grave. Nosotras, como Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, e integrantes de la Mesa de Derechos Humanos por una Vida Digna, creemos que es un error político y un grave error del Senado, el que olvida que entre sus miembros se encuentra una senadora víctima de la represión ejercida por el Estado durante el mandato del expresidente.

Sebastián Piñera, como jefe de gobierno, fue responsable de las sistemáticas y generalizadas violaciones a los derechos humanos ocurridas años atrás. Y ¿cuál es la respuesta del Estado? Desde el Congreso se fabula un proyecto revictimizante que erige un monumento a quien fue responsable de decir “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso”, mientras salíamos a la calle a manifestarnos por una vida digna.

En vez de ocuparnos en discutir si hacemos un monumento o no al expresidente, ¿por qué no mejor legislamos por una Ley de Reparación Integral para dar justicia a quienes aún esperan una respuesta del Estado por el daño que les provocó?

Afirmar que Sebastián Piñera fue un defensor de los derechos humanos por el mero hecho de manifestarse en contra de la dictadura, es una muestra del bajo estándar de quienes enaltecen su figura.

Su distanciamiento del pinochetismo es bastante cuestionable y basta con recordar su enérgica defensa a Pinochet cuando fue arrestado en Inglaterra, además de observar que sus compañeros del partido al cual pertenecía (RN), no tienen mayores problemas en aplaudir a un dictador en la ex sede del Congreso Nacional.

La responsabilidad política de Sebastián Piñera en delitos de lesa humanidad que aún adeuda el Estado por reparar y llevar a la justicia, además de los cuestionamientos éticos a su figura por entremezclar política y negocios (caso del Banco de Talca, irregularidades del proyecto Dominga y uso de información privilegiada para beneficio personal y familiar) son razones suficientes para constatar que su trayectoria no está a la altura de un monumento en la Plaza de la Constitución. Así, se daña profundamente la memoria histórica de nuestro país y es un agravio a las víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas en 2019.