La propuesta de erigir un monumento a Sebastián Piñera en la Plaza de la Constitución no solo es un error ético, sino un golpe a la memoria histórica y a los valores que Chile debe defender como democracia.

Este espacio, símbolo del respeto por los derechos humanos y la justicia, no puede albergar un homenaje a una figura marcada por graves violaciones a los derechos fundamentales, conflictos de interés y el uso del poder público en beneficio propio.

Levantar este monumento no solo sería un acto de negacionismo frente al sufrimiento de las víctimas del Estallido Social, sino también un intento de enaltecer a un pillo, a un empresario que usó la política para enriquecerse, a un estadista de la sinvergüenzura.

Durante el Estallido Social, más de 400 personas fueron cegadas por la represión estatal, víctimas de balines y bombas lacrimógenas disparados indiscriminadamente. Una de ellas es Fabiola Campillai, hoy senadora, quien quedó completamente ciega. También está el caso de Romario Veloz, asesinado por militares en La Serena mientras ejercía su legítimo derecho a manifestarse.

Estas no son cifras frías; son vidas destruidas por un Estado que no respetó sus derechos fundamentales. Sebastián Piñera fue el responsable político de esta represión. Al declarar “estado de guerra” contra su propio pueblo, abrió la puerta a una brutalidad policial sin precedentes. Levantar un monumento en honor a quien tiene una responsabilidad principal en estos hechos es negar el sufrimiento de las víctimas y enviar un mensaje de impunidad.

A esto se suma el historial de conflictos éticos y legales que han acompañado la carrera de Sebastián Piñera como empresario y político. En los años 80, fue acusado de fraude y estuvo prófugo en el caso del Banco de Talca. Décadas después, utilizó empresas zombis para evadir impuestos, y en el llamado caso Chispas mezcló sus roles de político y empresario para obtener beneficios personales.

Más recientemente, el caso de Minera Dominga, revelado por los Pandora Papers, dejó en evidencia cómo decisiones de su gobierno estaban directamente ligadas a beneficios personales de sus negocios familiares en paraísos fiscales. Pero lo más alarmante son las redes de poder que se han movilizado para protegerlo.

El abogado Luis Hermosilla, el exministro Andrés Chadwick y el actual fiscal nacional, Ángel Valencia, se reunieron con la máxima autoridad persecutora para pedirle la entrega anticipada de información sobre investigaciones que pudieran involucrarlo.

Además, la Corte Suprema suspendió la semana pasada a la ministra Verónica Sabaj, quien llegó a su cargo gracias al apoyo de Hermosilla y Chadwick, y redactó fallos en beneficio del expresidente. Este entramado de tráfico de influencias es un golpe a la independencia del sistema judicial y refleja hasta qué punto se han manipulado las instituciones para garantizar la impunidad del expresidente.

El hecho de haber sido presidente de la República no otorga de manera automática el derecho de tener un monumento en la Plaza de la Constitución. Si seguimos esta lógica, la plaza estaría repleta de estatuas de todos los presidentes que Chile ha tenido a lo largo de su historia. Desde el primer presidente de la República, Bernardo O’Higgins, hasta los 36 presidentes que le han sucedido hasta el día de hoy (37 en total). Ser presidente no es suficiente; lo que debe honrarse son las contribuciones a la justicia, la verdad y el bienestar del pueblo.

No es aceptable que, a casi un año de su muerte, se intente beatificar su figura a través de un monumento. Chile tiene que enaltecer a próceres que se la han jugado por mejorar las condiciones de vida del pueblo, no a mandatarios que se han manchado las manos con sangre para defender el sistema de los poderosos, ni a un presidente pillo que privilegia sus negocios para seguir enriqueciéndose.

Si finalmente, pese a toda la oposición, se aprueba la construcción de este monumento, debemos ser conscientes de que esa estatua será un foco de conflictos y rechazo permanente. Necesitará extrema protección: estará bajo vigilancia constante de Carabineros o blindada de alguna forma, evidenciando que no será un homenaje bienvenido por la ciudadanía, sino un recordatorio constante de la impunidad.

Por último, si algunos insisten en homenajear a Sebastián Piñera, que lo hagan en lugares que mejor representen su legado. Un monumento en el Paseo San Damián, símbolo de los barrios de las élites económicas que ha defendido, sería más apropiado que en la Plaza de la Constitución, espacio reservado para los valores de la democracia y el respeto a los derechos humanos.

Chile necesita memoria, verdad y justicia, no homenajes a la impunidad ni glorificaciones a la sinvergüenzura. La Plaza de la Constitución debe ser un lugar que enaltezca los principios de la democracia, no un sitio para premiar el abuso de poder y la corrupción.