La Fiscalía Nacional de Chile ha iniciado una investigación formal contra la fiscal Giovanna Herrera y las juezas Paulina Moya y Jessica González Troncoso, por presuntos delitos de prevaricación, montaje judicial, corrupción y fraude procesal en el conocido Caso Jadue.

Este caso ha levantado controversia por las graves acusaciones que implican injerencias políticas y una supuesta red de corrupción judicial y económica en contra del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

La investigación surge a raíz de una denuncia presentada el 19 de junio de 2024 por el profesor Roberto Merino al Fiscal Nacional, Ángel Valencia.

La denuncia, respaldada por el abogado Rodrigo Liberona, señala que existiría una estrategia coordinada para perjudicar al exalcalde Jadue, basada en presiones políticas indebidas y la participación de testigos clave que habrían cometido perjurio a cambio de garantizar impunidad a terceros involucrados.

Según el documento presentado, también se cuestiona la actuación de la fiscal Herrera, quien habría descartado selectivamente testimonios y peritajes que debilitaban la credibilidad de la tesis de la fiscalía, violando el principio de objetividad.

Además, se acusa a Herrera de tener conflictos de interés debido a supuestos vínculos con cadenas farmacéuticas competidoras de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp), promovida por Jadue, y con la Universidad San Sebastián, envuelta en litigios contra el alcalde.

El abogado Rodrigo Liberona manifestó su preocupación por los obstáculos enfrentados desde que se presentó la denuncia, particularmente en la demora para designar a un fiscal encargado.

Finalmente, el caso fue asignado al fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, quien recibió la declaración del denunciante en la ciudad de Rancagua.

Liberona explicó: “Cuando se abre la investigación, evidentemente podemos decir a ciencia cierta que la investigación es por los hechos planteados en la denuncia y que son contra la fiscal Giovanna Herrera por los presuntos delitos de corrupción y de prevaricación”.

El 22 de enero de 2025, se presentó una querella criminal en contra de quienes resulten responsables por el delito de prevaricación.

Esta acción fue acogida por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, fortaleciendo la investigación en curso.

Además, la Fiscalía Regional de Alta Complejidad también abrió una causa que involucra al fiscal Xavier Armendáriz y otros funcionarios, ampliando el alcance de la pesquisa.