Apenas iniciado este 2025, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) presentó un pre-informe donde concluye que una ballena jorobada, hallada muerta en Aysén tiene marcas de “redes asociadas a la infraestructura de las granjas de salmones”, según consignó el medio Fast Check.

El caso, denunciado el 28 de octubre pasado por un operador turístico de esa región, ocurrió en las cercanías al Centro de Salmonicultura Huillines 3 de la canadiense Cooke Aquaculture, el cual se ubica al interior del Parque Nacional Laguna San Rafael.

De acuerdo al preinforme citado por ese medio, las lesiones que se ubican “en diferentes partes del cuerpo podrían ser consistentes con el contacto con cuerdas, cables o redes asociadas a la infraestructura de las granjas de salmones” y concluye que el mamífero “presenta indicios de interacción con actividades humanas”.

El medio subraya que, de acuerdo al documento, se hallaron “hematomas en el pedúnculo y la zona axilar izquierda sugieren un traumatismo físico, posiblemente por colisión con embarcaciones menores asociadas a las actividades de las salmoneras” y, pese a que el avanzado estado de descomposición dificultó evaluar lesiones internas o confirmar el alcance exacto de los traumatismos externos, “las lesiones visibles son indicativas de una interacción significativa”, según cita Fast Check.

Cabe recordar que esta ballena no fue la única hallada muerta recientemente. A fines del año pasado otro ejemplar fue hallado sin vida en la Reserva Nacional Kawésqar (Magallanes), en el perímetro del centro Muñoz Gamero 1 de Australis Mar, al interior de esa área protegida.

Además, los dos centros se encuentran con procesos sancionatorios: Cooke con uno por elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y Australis con dos casos de sobreproducción en el mismo centro, de ciclos en 2018 al 2020 y 2021 al 2023.

Y aunque los incumplimientos legales de estas empresas no serían la causa directa de la muerte de las ballenas jorobadas, sí da cuenta de una conducta negligente, cuyo efecto es el daño ambiental en espacio marino donde habitan los mamíferos -estos y otros, como los delfines y lobos marinos- que hoy deben convivir con los riesgos de redes y residuos de la industria de la salmonicultura, además de la contaminación acústica de las embarcaciones y el permanente peligro de colisión con las mismas.

Solo para dimensionar la extensión de la industria, el Catastro de Concesiones para el cultivo de salmones al interior de Áreas Protegidas publicado por la campaña Salvemos la Patagonia, consigna un elevado número de concesiones en la RN Kawésqar, 66 en total, 4 de ellas de la empresa Australis Mar. Para el caso de San Rafael, las dos concesiones existentes son de Cooke Aqcuaculture.

Pero más allá del número y de sus ilegalidades, la pregunta es, por qué el Estado de Chile permitió la existencia de la industria de la salmonicultura en áreas protegidas y si estos dos colosos marinos muertos, no son un llamado de atención suficiente para pensar, seriamente, en retirar las concesiones de parques y reservas nacionales. Las áreas protegidas fueron creadas, justamente, para ser protegidas.