Buenos Aires.- El magistrado Ariel Lijo ordenó este martes tomar las “medidas necesarias” que permitan el funcionamiento de los lugares donde la dictadura ubicó centros de detención clandestinos, en un escrito dirigido a Alberto Baños, a cargo de la secretaría de Derechos Humanos, uno de los organismos más afectados por la motosierra y el feroz ajuste de su personal.

La decisión de Lijo, que tramita la megacausa sobre los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), hace lugar a una presentación realizada la semana pasada por Victoria Montenegro, legisladora, nieta recuperada y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña.

Fue ella quien advirtió que estos sitios históricos de la Ciudad de Buenos Aires estaban siendo vaciados por decisión de Baños y que, la ola de despidos que viene ejecutando el gobierno nacional en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, pone en serio peligro la sostenibilidad de espacios que deben transmitir la memoria de lo sucedido durante los años del terrorismo de Estado.

La legisladora por el espacio kirchnerista  “Unión por la Patria” explicó que presentó una denuncia penal  contra Baños y contra el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, por incumplimiento de deberes de funcionario público, además de una medida cautelar para proteger los sitios mencionados.

Golpe a la memoria

Envalentonado por su derrota a la inflación, un pivote sobre el que se monta buena parte de la popularidad que Javier Milei registra en las encuestas y direccionan las variables de su gestión, el gobierno libertario viene profundizando su política de “motosierra”, con especial ensañamiento en las dependencias estatales vinculadas a defensa de derechos y/o rescate de la memoria de los crímenes de lesa humanidad.

Pocas horas antes del final de 2024 en la noche del 31 de diciembre los empleados del Centro Haroldo Conti –uno de los espacios para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos que funciona en la Capital Federal-  recibieron vía WhatsApp,  la peor noticia:

Que no se presentaran a trabajar en enero. Un escueto mensaje oficial que aseguraba que la medida busca “velar por una adecuada reestructuración interna”, lo que gatilló numerosas protestas y reclamos.

En la ciudad de Buenos Aires son cinco los espacios de memoria que tienen relación directa con el gobierno nacional: la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el Olimpo, Club Atlético, Automotores Orletti y Virrey Cevallos. 

Ordenan defender acervos y archivos

El fallo ordena preservar los acervos y los archivos que se han generado hasta la fecha y que “se continúen llevando adelante las tareas de investigación y coordinación pedagógicas”.

En conversación exclusiva en Buenos Aires para El Desconcierto, Victoria Montenegro aseguró que su espacio celebra la decisión del magistrado que “pone un freno al desguace de la política de Derechos Humanos e interpela y obliga a los funcionarios públicos a cumplir con sus funciones”.

La legisladora destaca asimismo el “contexto de enorme retroceso” en la materia y la manifiesta búsqueda, tanto del mandatario como de su vicepresidenta Victoria Villarruel, de “borrar el proceso de memoria de la Argentina e intentar reescribir la historia, donde, responsables de delitos de lesa humanidad pasan (en el discurso oficial) a ser las víctimas, a través de un ataque brutal a los organismos que velan por preservarla.

Hasta ahora, el gobierno ultraderechista ha resistido por la vía de la apelación varios otros fallos judiciales, como el que ordenó en noviembre a la ministra del Capital Humano, Sandra Pettovello, entregar alimentos a comedores y merenderos de todo el país, o la medida cautelar que en enero exigió la urgente entrega de medicamentos oncológicos, demorada más de tres meses.

En este último caso, el Ministerio de Salud respondió que la decisión judicial podría tener consecuencias “catastróficas” en materia presupuestaria.

Consultada sobre este posible escenario, Montenegro señaló que hasta el día de hoy, no ha sido notificada de que el Gobierno haya apelado la medida, aunque invocó los antecedentes de los fallos anteriores  y no negó la preocupación que existe en su espacio al respecto.

En todo caso, subrayó “agotaremos todas las instancias que tengamos para exigirles el cumplimiento de la orden de la justicia y de su deber como funcionario público.”

Recordó que en algunos sitios se están llevando adelante “procesos de excavación en los que se ha encontrado material genético que después ha permitido confirmar en la justicia que personas desaparecidas que buscábamos habían estado allí, en esos sitios de memoria. Por ello, además del valor testimonial esos lugares deben resguardarse por contener aún pruebas judiciales”.

Interpretaciones van y vienen

Ariel Lijo es uno de los dos candidatos propuestos por Javier Milei para integrar la Corte Suprema de la Nación, por lo que esta decisión manifiestamente a contramano de la línea oficial llama poderosamente la atención.

Hay quienes sostienen que el fallo busca congraciarse con el kirchnerismo en el Senado, donde la dura aritmética indica que sin estos votos no es posible el salto del magistrado al Alto Tribunal.

Al juez se le atribuye una conducta pendular en la materia ya que en medio de fallos a favor de organismos de Derechos Humanos también otorgó en su momento el beneficio del 2x1 a un imputado por delitos de lesa humanidad. Las Abuelas de Plaza de Mayo vienen exigiendo una nueva definición en esta materia antes de avalar su postulación para la Corte.

Según Montenegro sin embargo, el juez “siempre tuvo la misma postura en todo lo que tiene que ver con políticas de derechos humanos y en sus intervenciones en causas de lesa humanidad”.

Y agrega que, “de hecho, el año pasado un grupo de egresados de la ESMA se reunió en esa escuela de la Marina e izó la bandera argentina reivindicando el accionar de la dictadura allí. La verdad es que el sitio no tenía herramientas ante una situación de este tipo porque no se pensó así cuando se crearon los sitios de memoria. Es decir no había modo de imponer una sanción, por lo que Lijo emitió un fallo en el que ordenó al ente que tome medidas que impidan que en un lugar como la ESMA se lleven adelante manifestaciones de este tenor. Esto fue hace pocos meses, así que al menos en ese sentido hay una coherencia”.

Silencio y eliminación de la memoria como estrategia

El desguace del gobierno libertario utiliza el vaciamiento presupuestario y los despidos de trabajadores.

Durante el 2024 fueron despedidos más de 35.000 empleados de todo el Estado nacional donde las dependencias más afectadas fueron los campos de concentración que en las últimas décadas habían sido recuperados como memoriales.

A fines de diciembre pasado el Ejecutivo anunció el cese de unos 2.400 trabajadores del Ministerio de Justicia, uno de los afectados de la guadaña estatal es el chileno Ernesto Lejderman, que sobrevivió al crimen de sus padres a manos de una patrulla militar en Vicuña -en la región de Coquimbo- y vive actualmente en Buenos Aires tras gestiones de sus abuelos argentinos que pudieron recuperarlo durante su infancia.

Su continua lucha por obtener verdad y justicia quedó plasmada en el libro “Pactos de Silencio” de la periodista Sofía Tupper.

Lucha de chileno

En conversación con El Desconcierto, Lejderman  celebra también el fallo del magistrado, una intervención que califica de “límite claro al Gobierno, para no seguir atropellando la memoria y a los trabajadores de la secretaria de DDHH”.

Su extensa militancia en la agrupación de Familiares de Desaparecidos, subraya le permitió comprender la imperiosa necesidad “del trabajo en conjunto y en red”.

Lejderman reflexiona sobre el silencio como herramienta para bloquear la justicia y asegura que “el actual gobierno argentino comete un gran error al pensar que el trabajo en los sitios de memoria responden a un sector político. Los sitios de memoria y el trabajo que éstos realizan se enmarcan en la necesidad de una sociedad entera”.

Lejderman es recordado por un polémico cara a cara en agosto de 2013 con el ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, en el programa de TV “El Informante” donde emplazó públicamente al militar "romper el pacto de silencio" y a revelar el paradero de los cuerpos de sus padres.

El militar aseguró que no sabía nada, pese a haber sido un alto mando del Ejército durante los años de la dictadura chilena y agregó que suponía que los padres de Lejderman se habían "suicidado".

Tras la emisión del programa renunció a su cargo frente al Servel, donde fungía como jefe.

Lejderman tenía 10 años cuando supo la verdad. Mientras registraba los cajones de un closet en la casa de sus abuelos paternos en Buenos Aires, quienes lo rescataron, descubrió un recorte de prensa.

“Otro argentino asesinado en Chile”, se titulaba la nota que explicaba la tragedia familia con su padre Bernardo Lejderman y su madre María del Rosario Ávalos. Antes de esa fecha, pensaba que habían muerto en un accidente de tren.