Padre pidió rebajar pensión a hijo universitario por cubrir más del 100% de sus gastos: Tribunal acogió reducción en pagos
El conflicto se remonta a la regulación de una pensión de alimentos fijada originalmente en 2017, cuando los hijos del matrimonio eran menores de edad.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, en ese acuerdo, el padre se comprometió a pagar una suma mensual en partes iguales para ambos, además de cubrir íntegramente educación, salud, vestuario y otros gastos.
Posteriormente, en 2019, la pensión fue aumentada y quedó establecida como un 20% de los emolumentos totales del alimentante, manteniéndose vigentes las prestaciones adicionales.
A fines de 2025, el padre interpuso una demanda de rebaja de alimentos respecto de su hijo mayor de edad, quien actualmente tiene 19 años y cursa estudios universitarios.
Alegó que el monto de la pensión ya no se ajustaba a las necesidades reales del alimentario y que, debido al aumento de sus ingresos, estaba cubriendo más del 100% de los gastos del hijo, mientras la madre no aportaba económicamente.
Durante el juicio, el tribunal analizó en detalle los ingresos del padre, su situación patrimonial y los gastos efectivos del alimentario.
Se estableció que el padre percibe ingresos líquidos promedio cercanos a los $6,9 millones mensuales y que, además del pago en dinero, financia la totalidad del arancel universitario, la matrícula y la cobertura de salud.
También se acreditó que parte de los gastos del hogar son cubiertos por la pareja de la madre.
El juez concluyó que existió una variación relevante de las circunstancias tenidas a la vista al momento de fijar la pensión, principalmente porque el alimentario es mayor de edad y porque el sistema porcentual provocó que el aporte del padre superara ampliamente las necesidades acreditadas.
En ese contexto, se estimó procedente acoger la demanda.
Así, el Tribunal de Familia de Antofagasta resolvió rebajar la pensión a 9,31886 UTM mensuales, mantener a cargo del padre el pago íntegro del arancel y la matrícula universitaria, conservarlo como carga de salud y fijar su aporte en un 80% de los gastos extraordinarios.
La sentencia fue dictada el 27 de diciembre de 2025 por el juez Paul Contreras Saavedra.
