El ya desgastado debate sobre la posible aprobación del proyecto minero-portuario Dominga, la gran cantidad de hechos de contaminación sucedidos en Quinteros-Puchuncaví, la presencia de la salmonicultura en áreas protegidas, entre otros, ha abierto una discusión crucial: ¿qué modelo de desarrollo queremos para el futuro de nuestro país?

Estos conflictos, que afectan directamente a la población y medioambiente, plantean una encrucijada: optar por la instalación de una gran industria que tendrá impactos negativos para las personas y para el ecosistema, o avanzar hacia un desarrollo que potencie la economía local respetando las características del territorio, mientras se invierte en infraestructura pública para mejorar el acceso a servicios básicos esenciales, desde calles y colegios hasta inversión en turismo y conservación.

Chile es uno de los países más vulnerables al cambio climático, con proyecciones que indican que el 75% de su territorio enfrentará riesgos de sequía y desertificación para 2050, según el Banco Mundial.

En este contexto, la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo debe ser una prioridad para nuestro país, especialmente en un contexto de crisis climática global y desigualdades sociales históricas.

Este modelo debe integrar las dimensiones económica, social y ambiental, pero con una hoja de ruta más ambiciosa que asegure una transformación profunda.

Minería profundiza desigualdades

La minería, que representa alrededor del 10% del Producto Interno Bruto (PIB) y más del 50% de las exportaciones, continúa siendo la columna vertebral de nuestra economía, pero su modelo profundiza las desigualdades y deteriora los ecosistemas de los que dependemos para sobrevivir.

El desafío crítico es decidir si continuaremos aumentando y dependiendo de actividades extractivistas que explotan nuestros recursos naturales para generar valor fuera del territorio nacional, o si apostaremos por un desarrollo con características propias basándose en los ecosistemas que son el soporte de nuestra economía, reconociendo los límites que no pueden seguir siendo traspasados.

Chile requiere diversificar su economía, reduciendo la dependencia del viejo modelo, y promoviendo sectores con mayor valor agregado y potencial tecnológico.

La industria de energías renovables, por ejemplo, podría crear entre 50,000 y 100,000 nuevos empleos directos e indirectos en los próximos años, según el Ministerio de Energía de Chile.

Una economía basada en la innovación y el conocimiento, tiene la capacidad de generar empleos de calidad, promover una distribución más equitativa de la riqueza y posicionar al país como un referente global en sostenibilidad y competitividad, desde la base de lo sustentable.

Transición justa

Lo anterior debe realizarse teniendo en cuenta la escala, ecosistemas y la ciudadanía, para que dicha transición sea justa.

La transición debe ser inclusiva, considerando especialmente las necesidades de las comunidades más vulnerables. Una transición socioecológica justa implica proteger los derechos de las personas mientras se fomenta un desarrollo que beneficie a todos.

Este enfoque no solo garantiza justicia social y ambiental, sino que asegura que nadie quede atrás en el camino hacia el futuro.

Además, el turismo, que representa más del 3% del PIB del país, también tiene un gran potencial para generar ingresos y empleos sin dañar el medio ambiente, siendo una alternativa viable para muchas comunidades.

Como país, debemos garantizar oportunidades de crecimiento para las personas sin comprometer el potencial de nuestra naturaleza.

Modelo extractivista profundiza desigualdad

Está demostrado que priorizar un modelo extractivista solo profundiza las desigualdades sociales a largo plazo.

Por ejemplo, Si bien la minería ha sido un motor económico, su impacto negativo en las comunidades cercanas y en el medio ambiente, es innegable.

Se estima que la minería es responsable del 40% de la contaminación hídrica en el país, afectando a más de 2,500 comunidades rurales.

Es el momento de repensar el desarrollo y avanzar hacia un nuevo modelo que equilibre la prosperidad económica con la preservación del medioambiente, construyendo así un Chile más justo y sostenible para las próximas generaciones.