En 2023, un médico comenzó a trabajar en el Hospital Regional de Copiapó en medio de una falta urgente de personal.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, fue contratado para realizar turnos en la unidad de pacientes críticos, un área donde se necesitaba apoyo inmediato.

Sin embargo, meses después, surgió un problema: una denuncia anónima indicó que el médico era hijo de una de las subdirectoras del hospital, lo que iba en contra de las reglas que prohíben contratar a familiares directos de funcionarios en altos cargos.

Tras revisar el caso, la Contraloría determinó que el contrato del médico era inválido y pidió al hospital que recuperara más de 8 millones de pesos que él había recibido como sueldo.

El médico afirmó que desconocía esta regla y que firmó todos los documentos confiando en el personal del hospital, quienes no le informaron sobre posibles conflictos.

Además, aseguró que su trabajo fue clave para enfrentar la escasez de médicos en ese periodo.

El médico llevó su caso a la Corte de Apelaciones de Copiapó, buscando que se anulara la decisión de devolver el dinero.

Sin embargo, el tribunal rechazó su solicitud. La Corte explicó que tanto el hospital como la Contraloría actuaron según la ley y que el médico, al ser familiar directo de una subdirectora, estaba impedido de trabajar allí.

También señaló que esta relación era evidente y que el médico debía haberla declarado al momento de ser contratado. Por lo tanto, se confirmó la devolución de los pagos recibidos.