Hace unos días, se dio a conocer la merma que enfrenta el Ministerio Público como consecuencia de una reducción presupuestaria para este año, consistente en 7.064 millones de pesos.

Considerando este impacto en los recursos, conversamos con José Manuel MacNamara, director en materia legislativa de la Asociación Nacional de Fiscales, quien nos ilustra al respecto.

“Son siete mil millones menos que nos impacta en distintos ítems de las funciones del Ministerio Público", contextualiza.

Según comenta, “Carabineros queda excluido" de esta rebaja, "Gendarmería… esenciales de las investigaciones penales que realiza el Ministerio Público, es obvio (que este) tampoco debiera verse mermado para realizar las investigaciones”.

Atendiendo a que ya se ha dicho que esta rebaja presupuestaria podría afectar ítems como el pago a "guardias de seguridad, arriendos de Fiscalía, arriendo de vehículos, servicios de aseo, luz, agua y pago de suplencias”, MacNamara aclara que estos todavía “no están desglosados”.

Seguridad de fiscales, mermada

“Respecto de seguridad, se ha adoptado hace poco tiempo, un sistema” para aumentar las medidas para proteger a los fiscales, en relación al tipo de criminalidad que se están evidenciando en nuestro país, detalla.

En este sentido, “fiscales que van al sitio del suceso, van con chalecos antibalas comprados por Fiscalía, se han reforzado los vidrios de los vehículos con láminas de seguridad, hay fiscales a los cuales se le ha reforzado la seguridad de su domicilio cuando hay algún tipo de amenaza…”

Sin embargo, asegura, “todos esos ítems podrían verse mermados, porque de algún lado tienen que salir esos siete mil millones que se tenían considerados”.

“Lo importante es que los fondos estén, esos siete mil millones tienen que estar luego”, insiste. Porque corresponden al “presupuesto de un año, no sacan nada con devolverlos a fin de año cuando ya no sean utilizables, tiene que ser ahora”.

Apuntando al gobierno, dice que si este “efectivamente, tiene una preocupación respecto de la seguridad como ítem esencial, lo que escuchamos a diario”, debiera evidenciarlo.

¿Doble discurso?

“Pero no lo vemos reflejado en la realidad, porque hay ministerios que aumentaron mucho su presupuesto, y en el caso del Ministerio Público no fue así, sólo un poco más que el IPC”, y ahora “nos reducen siete mil millones…”, critica.

Consultado si advierte una suerte de doble discurso del gobierno, MacNamara es claro. “Del punto de vista del Ministerio Público, sentimos que hemos sido maltratados durante muchos años”, dice.

“Prácticamente todos los funcionarios públicos tienen incentivo a retiro, nosotros somos prácticamente los únicos que no estamos incorporados, la Defensoría Penal Pública tiene incentivo a retiro, los funcionarios de Ministerio Público tienen, los fiscales no tenemos”, detalla.

Todos los que participan de la persecución penal, “tienen incentivo a retiro, estamos hablando de fiscales de 75 años constituyéndose en un sitio del suceso en la noche”.

Hay funcionarios yéndose

Obviamente, si el Estado está preocupado por la investigación penal, dice, debe “otorgar lo mismo que le otorga al resto, con la finalidad que se le otorga, entregárselo al Ministerio Público”.

Pero como no ha sido así, releva, “muchos profesionales, de mucha calidad, se han ido del servicio público”.

Porque, además, dice, “sienten que no tienen más que progresar en el Ministerio Público, no hay un cuidado de los fiscales, tampoco de los funcionarios”, dice apuntando a otros cargos.

Se trata de un abordaje, destaca, que no ha cambiado con la administración del Presidente Gabriel Boric. “Es la misma tendencia en este gobierno, se defiende diciendo que” han presentado “un proyecto de ley de fortalecimiento”, critica.

Gobierno presentó proyecto, no los recursos

Y, efectivamente, “este se presentó hace cerca de un año”, confirma. Pero estudios apuntaban a que “se requerían entre 400 y 500 fiscales, para que cada fiscal pueda tramitar 1200 causas, que es el máximo que puede tramitar”.

“Actualmente tramitamos 1.800, entonces cuando se requieren 400 o 500, y lo que plantea el proyecto de ley son 205 fiscales, la mitad de lo planteado, y en cuatro años, quiere decir que en cinco años recién se va a ver eso reflejado…”, cuestiona.

El proyecto, en su primer año, implicaba un incremento de 17 fiscales, no alcanza ni uno por región, dice. “¿En qué va a gravitar, ese incremento de fiscales?”, en nada”. Encima, asegura, el gobierno presenta el proyecto, “pero no presenta los recursos”.

“Lo modificaron ahora y lo subieron a 70 el primer año”, dice.

770 fiscales para 1.400.000 denuncias

Respecto de la afectación en la gente, que necesita que las instituciones funcionen, particularmente en el ámbito de la persecución del delito, considerando la crisis de seguridad existente, MacNamara no deja de empatizar.

Recalcando que es razonable que esta "esté molesta", detalla que apenas son "770 fiscales para investigar 1.400.000 denuncias”

Por lo que lo planteado, comenta, “está lejos de cualquier margen de investigación posible”.

“El Ministerio Público en general, tiene 4.800 funcionarios, me comparo con el Ministerio del Interior, que no investiga ningún delito… pasó de tener el 2015, 6.900 funcionarios, a tener 16 mil funcionarios el 2022”, desglosa.

Lo que se traduce, insiste, en “un aumento de 10 mil funcionarios en el Ministerio del Interior”. “¿Qué hacen? Me gustaría saberlo”, sostiene.

Horas extra, sujetas a recortes   

Consultado respecto de dónde más podría verse reflejado este recorte presupuestario, MacNamara detalla que en la unidad que él trabaja, ya se les está “informando” que van a disminuir las horas extra”.

“Y muchas veces se necesita gente para poder cumplir las funciones, y no se van a poder pagar horas extra, en otros casos no se va a poder contratar funcionarios para apoyar investigaciones importantes”.

Retomando el tema de la seguridad de los fiscales, comenta que la merma se genera cuando “recién se está considerando” esta materia como un tema relevante, por lo que implementar un recorte en esta área, “es retroceder tres pasos de lo que se había avanzado”.

Y en términos de la demanda por justicia existente en nuestro país, dada la crisis de seguridad que estamos atravesando en Chile, cuánto afecta el recorte presupuestario, es otro tema que aborda MacNamara.

“En la calidad de las investigaciones, podría repercutir, hay casos en los que se requiere más gente, en esos casos no se va a poder contratar más personas, no se va a poder reemplazar a funcionarios que salen de vacaciones o están con licencia, va a demorar las investigaciones penales”, releva.

Puede generar “merma en investigaciones concretas", dice destacando que la afectación no alcanza “solamente la seguridad de los fiscales”.

“Que un fiscal tenga que investigar, sin tener seguridad, si se ve amenazado eventualmente… puede no tomar las decisiones que tiene que tomar libremente, eso es un daño tremendo a la justicia”, resume.

Ministerio Público, al margen

“Se tienen que tomar medidas para evitar, el día de mañana temas de corrupción, porque la persona que está a cargo de la investigación penal”, puede estar “siendo afectada por otras personas que dañan la voluntad de esta al amenazarlo a él o a su familia”.

Necesariamente, dice, “hay que ver de manera global el tema de la seguridad de los fiscales, sino todo lo que repercute en la investigación”.

En consecuencia, esta merma presupuestaria, resume, “daña la justicia y el mensaje que se está entregando también, nuevamente el Ministerio Público está quedando al margen”.

“Muchas veces se habla de Carabineros, de la Policía de Investigaciones, no. Es un trabajo coordinado, cada persona que está presa en Chile”, lo está “porque un fiscal pide la prisión preventiva, en base a la investigación realizada tanto por Fiscalía como por las policías”.

Entonces, “cuando los cerebros que están detrás de esto dicen, ‘no toquemos a la Policía de Investigaciones, no toquemos a Carabineros, ¿cómo dejan fuera al Ministerio Público?”, se cuestiona.

Se generan dudas

“Es entender cómo funciona el sistema penal, es grave que personas que toman decisiones tan importantes, no sepan el daño que se está haciendo con este tipo de decisiones”, agrega.

Incluso, dice, “se siembra un manto de duda”, cuando ocurre esto, en momentos en que “el Ministerio Público está investigando a políticos, personas poderosas, al menos permítanme pensar que la sociedad pueda pensar que hay algo detrás de eso”.

Y eso, complementa, “también es muy dañino”, porque se puede entender que no existe tanto interés en perseguir a los poderosos.

En consecuencia, comenta asumiendo que hay molestia con el gobierno, “el llamado sería sentémonos mañana en una mesa a solucionar los problemas de base que tiene el Ministerio Público: de capacitación, de dotación, de carrera funcionaria y todo lo que va a redundar en que tengamos mejores fiscales”.

“Tenemos una reunión en Dipres (Dirección de Presupuesto), vamos a ver cuál es la respuesta, si hay intención o no de devolver este dinero, y luego de eso podríamos llamar a nuestras bases, para saber si por este tema, y un montón de otros temas, vamos a generar alguna movilización”, concluye.