Un hombre que compró su casa en Coquimbo en 2016 vivió una situación crítica cuando, tras un sismo de 6,7 en 2019, la vivienda presentó serios problemas estructurales.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, las paredes se agrietaron, los cimientos se debilitaron, y los muros perimetrales quedaron al borde del colapso.

La magnitud de los daños hizo que la casa quedara prácticamente inhabitable. A pesar de informar a la inmobiliaria Viviendas 2000 Ltda., responsable de la construcción, y solicitar reparaciones, la empresa no tomó medidas para solucionar los problemas.

Ante la falta de respuestas, el propietario decidió llevar el caso a la justicia, alegando negligencia por parte de la inmobiliaria en la construcción de la vivienda.

Informes técnicos respaldaron su posición, señalando que el terreno y los materiales utilizados no cumplían con los estándares necesarios para garantizar la seguridad de la casa.

El proceso judicial se extendió durante varios años, mientras el afectado enfrentaba las dificultades de vivir en una propiedad dañada.

Finalmente, la Corte Suprema revisó el caso y determinó que la inmobiliaria debía indemnizar al afectado con $5.000.000 por el daño moral sufrido.

Además, confirmó un monto de $85.006.530 para cubrir las reparaciones necesarias de la vivienda, elevando la indemnización total a $90.006.530.

La decisión confirmó que la empresa había actuado de manera negligente al no garantizar la calidad de la vivienda ni ofrecer soluciones tras el desastre.