Un vecino de Farellones presentó una queja formal contra su vecina, dueña de seis perros Akita, porque los animales, según él, deambulaban sin control, atacaban a otras mascotas y representaban un peligro constante para el vecindario.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, en varias ocasiones, sus propias mascotas fueron agredidas, quedando gravemente heridas y necesitando atención veterinaria.

A pesar de los reclamos y conversaciones con la dueña de los perros, ella no habría tomado medidas para cercar su propiedad o evitar que los animales salieran al vecindario.

El afectado decidió llevar el caso a la justicia, argumentando que la dueña de los perros no cumplía con la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas, que exige mantener a los animales dentro de un lugar seguro.

Además, señaló que la situación estaba afectando su tranquilidad familiar y su trabajo, ya que vivía con el temor constante de nuevos ataques.

En su solicitud, pidió que el tribunal ordenara a su vecina tomar medidas para evitar que los perros salieran de su propiedad o, como alternativa, que los animales fueran enviados a un centro especializado.

La vecina respondió asegurando que los perros permanecen en un canil dentro de su propiedad, que están bajo control y que cuentan con todos los cuidados necesarios, como vacunas y microchips.

También señaló que algunos de los incidentes relatados por el vecino no eran ciertos y que este conflicto debía resolverse en un juicio más detallado, no mediante un recurso de protección.

Finalmente, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo del vecino. Según el tribunal, el recurso de protección no era la vía adecuada para resolver este tipo de problemas, ya que se requiere un análisis más profundo de pruebas y hechos, algo que solo puede hacerse en un juicio ordinario.

La decisión deja abierta la posibilidad de que las partes busquen otra forma de resolver el conflicto, pero no ordena ninguna medida inmediata para los perros.