La discusión sobre la distribución de cuotas pesqueras entre el sector artesanal e industrial generó un intenso debate en la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado. El proyecto de fraccionamiento del Gobierno busca corregir la distribución establecida en la Ley Longueira, normativa que fue aprobada en medio de sobornos y cohecho por parte de la industria pesquera. La iniciativa apunta a otorgar una distribución más equitativa que entregue justicia a los pescadores artesanales, lo que ha encontrado fuerte resistencia del sector industrial.

Durante la sesión, el presidente de Sonapesca, Felipe Sandoval, manifestó una serie de reparos al proyecto. Argumentó que la propuesta "cambia lo bueno" de la ley actual y advirtió sobre posibles judicializaciones, señalando que se deben buscar mecanismos para generar acuerdos sin afectar derechos adquiridos. Una de sus principales críticas apuntó a que el proyecto otorgaría facultades discrecionales al subsecretario de Pesca para distribuir regionalmente la cuota artesanal, lo que según el dirigente, generaría incertidumbre en el sector.

En respuesta a estos cuestionamientos, el subsecretario de Pesca, Julio Salas, defendió enérgicamente la iniciativa. "La distribución vigente no corresponde a criterios científicos", señaló, destacando que esta es "la primera vez que en el Parlamento se está discutiendo de manera abierta la distribución territorio a territorio, pesquería a pesquería". El subsecretario enfatizó que el actual sistema surge de acuerdos entre actores con fuerzas asimétricas, lo que ha resultado en una distribución que calificó como "ni equitativa ni razonable".

Senador Núñez pide garantías a Sonapesca

En un momento tenso del debate, el senador Daniel Núñez interpeló al presidente de Sonapesca y pidió garantías de que ninguna empresa pesquera afiliada a la gremial "está cometiendo los mismos actos de corrupción por lo cuales fue condenada Corpesca".

El legislador comunista recordó que la actual ley de pesca, conocida como Ley Longueira, fue aprobada en medio de un escándalo de corrupción que culminó con condenas judiciales por cohecho y delitos tributarios. El caso más emblemático fue el del exsenador Jaime Orpis (UDI), quien fue sentenciado a cinco años y un día de presidio efectivo por recibir pagos de Corpesca durante la tramitación de la normativa.

"Ustedes son responsables de darle garantía a este Senado de que estos hechos no se van a volver a repetir con ninguna empresa pesquera afiliada a su gremio", enfatizó Núñez, recordando que Corpesca era parte de Sonapesca cuando se descubrieron los sobornos a parlamentarios en 2021.

Pesca artesanal celebra discusión inmediata

Finalmente, se definió que el proyecto avanzará con discusión inmediata tras la urgencia puesta por el Ejecutivo, lo que implica un plazo de cinco días para su despacho. Sin embargo, el subsecretario Salas aclaró que no es intención del gobierno presionar indebidamente la tramitación y que están dispuestos a renovar la urgencia. La Comisión de Pesca acordó votar el proyecto en general el próximo 15 de enero, dejando para marzo la discusión particular de las pesquerías más controversiales como jurel, merluza común y jibia, donde no existe acuerdo para viabilizar la propuesta que viene desde la Cámara.

El presidente de CONDEPP, Hernán Cortés, valoró la urgencia legislativa aunque manifestó reparos sobre los porcentajes propuestos. "Aún nos parece que los porcentajes de fraccionamiento, en las diferentes pesquerías, no se encuentran en los rangos que nos parecen razonables para la pesca artesanal", señaló.

Constitucionalidad del proyecto de fraccionamiento

El dirigente también se refirió a la presentación del asesor legislativo de la Subsecretaría, Vicente Andrade, quien explicó el marco constitucional del proyecto. Según el abogado, las licencias transables de pesca son autorizaciones administrativas y no concesiones que generen derechos de propiedad, mientras que el fraccionamiento es una norma regulatoria que puede ser modificada.

"El señor Andrade fue claro al esgrimir que el proyecto de nuevo fraccionamiento es plenamente constitucional", destacó refiriéndose al análisis que distingue entre los títulos habilitantes para ejercer la actividad (LTP) y las normas que regulan su ejercicio. "Esto es relevante porque se establece que el fraccionamiento no es parte fundamental de las licencias transables de pesca y que a su vez esas licencias no constituyen un derecho de propiedad", explicó.

Para respaldar su posición, el asesor citó un fallo del Tribunal Constitucional de 2020 que establece que "no existe derecho de propiedad sobre normas" y que el legislador puede modificarlas para responder a nuevas realidades. "Esto es un duro golpe a la posición de la industria y un reconocimiento para quienes estamos a favor de los proyectos de nuevo fraccionamiento y nueva Ley de Pesca", sentenció.