El 2024 será recordado como un punto de inflexión en la lucha contra los delitos económicos y la corrupción.

Sin embargo, también será el año en que la ciudadanía observó, con frustración, cómo varios de los casos más mediáticos explotaron justo antes de la entrada en vigencia de la Ley de Delitos Económicos, permitiendo que las sanciones aplicadas siguieran bajo la normativa antigua.

Una realidad que deja en evidencia tanto las deficiencias históricas del sistema como la urgente necesidad de un cambio estructural en cómo enfrentamos estos delitos.

Desde los cuestionamientos sobre fundaciones y convenios irregulares hasta el reciente escándalo financiero del Caso Audios, muchos de estos asuntos parecen haber “explotado” estratégicamente antes del 1° de septiembre, cuando entró en vigor la nueva ley.

Este detalle no es menor: la Ley de Delitos Económicos establece multas proporcionales al daño causado, penas de cárcel y sanciones severas para las personas jurídicas, incluidas la “pena de muerte empresarial”, y elimina atenuantes como la irreprochable conducta anterior y la colaboración en las investigaciones, que históricamente reducían las condenas.

Como resultado, los involucrados en estos casos enfrentan sanciones más leves que las que habrían recibido bajo el nuevo marco legal.

La nueva Ley de Delitos Económicos amplió significativamente el alcance de las conductas que pueden ser sancionadas, incorporando más de 230 delitos, incluyendo aquellos contra el medioambiente, los tributarios y otros que antes no tenían un marco claro de penalización.

Sin embargo, su impacto va más allá de los tribunales. Esta ley busca cambiar la cultura empresarial y gubernamental del país, elevando los estándares de transparencia, integridad y responsabilidad.

En este contexto, la implementación de programas de cumplimiento efectivos es clave no solo para prevenir sanciones, sino también como un indicador de compromiso ético.

Las empresas enfrentan el desafío de cumplir con las nuevas exigencias legales mientras construyen una cultura organizacional que valore la ética y las buenas prácticas.

Además, el compliance protege contra daños reputacionales, que pueden ser tan devastadores como las sanciones legales. Las empresas vinculadas a escándalos han perdido la confianza pública, lo que refuerza la necesidad de actuar con proactividad.

El 2024 nos deja la urgencia de fortalecer las capacidades del Estado para fiscalizar y hacer cumplir las nuevas leyes, evitando que las brechas legales y los tiempos de implementación permitan que los responsables de delitos económicos evadan las sanciones que merecen.

También subraya la necesidad de que las empresas adopten un enfoque más serio y sistemático en la gestión de riesgos y la implementación de modelos de cumplimiento.

Chile enfrenta el desafío de transformar una cultura empresarial y política que por años ha tolerado la corrupción y las malas prácticas en un sistema basado en la transparencia y la responsabilidad.

El 2025 será el año clave para ver si esta nueva ley realmente cambia las reglas del juego o si, una vez más, las buenas intenciones se pierden en los vacíos de ejecución y aplicación.

El tiempo dirá si aprendimos de los errores del pasado o si seguimos permitiendo que los delitos económicos sean tratados como simples “errores administrativos”.

Lo que queda claro es que el complance, más que un lujo, se ha convertido en una necesidad urgente para cualquier organización que quiera operar en este nuevo Chile.