El pasado 7 de diciembre los 365 alcaldes electos (o reelegidos) asumieron sus responsabilidades en los respectivos municipios de cara a los siguientes cuatro años de administración comunal. Para muchos, fue sólo retomar las funciones que habían dejado mientras duraba la campaña, manteniendo sus equipos de trabajo, programas en marcha y, en general, seguir con la administración que arrastraban desde el pasado periodo. 

No obstante, para muchos otros, asumir la alcaldía ha resultado todo un reto debido al traspaso de funciones, reorganizar el trabajo según nuevas directrices de administración y, por sobre todo, el escollo que significa reorganizar el personal que cumple funciones municipales. 

Esto, por ejemplo, se ha traducido en situaciones complejas como ha ocurrido en las municipalidades de Santiago o Ñuñoa, por mencionar los casos más relevantes. 

De hecho, hoy el alcalde de Santiago enfrenta una dura pugna con el personal de la Subdirección de Igualdad de Género luego de desvincular a toda la planta —unos 39 trabajadores bajo la modalidad de honorarios— y tener que reintegrar a más de la mitad tras un supuesto “error administrativo”.

La situación, en todo caso, es extrapolable a otros municipios con menos luces, como lo es el de La Granja, comuna que, tras 12 años de mandato de Felipe Delpin, volvió a manos Claudio Arriagada, independientemente, ex DC, que gobernó la comuna desde 1992 a 2012. 

Según denuncia el alcalde Arriagada en conversación con El Desconcierto, la situación del municipio, en términos del personal, es crítica. ¿La razón? Los convenios y programas que heredó de la administración pasada con distintas reparticiones del gobierno y que ahora no están financiadas y que podrían producir un desbalance financiero producto de las eventuales desvinculaciones.

“Como alcalde, sé que tenemos compromiso con los trabajadores, nos interesa que tengan estabilidad laboral y tengan el reconocimiento de sus derechos, días de descanso, la cotización previsional, el acceso a la salud. Por lo tanto, eso no está en discusión. Y lo que pasa acá es que existe una planta, existe una forma de contrato adicional que es la contrata y, además, los honorarios se entienden como algo excepcional, algo que no alcanza a cubrir el personal de planta y el personal de contrata. Y es en ese punto en que se ha distorsionado totalmente el tema”, parte señalando Arriagada. 

En ese contexto, el alcalde da cuenta de un problema incipiente en el municipio: las arcas municipales no dan abasto con los costos que significa mantener en sus labores al 40% de los trabajadores en modalidad de honorarios que prestan servicios por convenios y programas del gobierno. 

“En Chile en los últimos años es más grave aún, porque se han construido verdaderas plantas paralelas con programas impuestos por los ministerios, que en la práctica se reiteran cada año y esos trabajadores van adquiriendo antigüedad. Y al momento de ser desvinculados porque se termina el contrato o porque no se repite el convenio, el conflicto laboral queda en el municipio, porque ellos se lavan las manos o ejecutan lo que ellos dicen que se ejecuta en el tiempo que establecen, pero no asumen ninguna responsabilidad con el trabajador”, alerta el alcalde.

“Los convenios ministeriales son imposiciones unilaterales que generan una distorsión presupuestaria en los municipios"

-¿Cuántos programas y convenios ministeriales están funcionando actualmente en la municipalidad?

Hoy día entre programas y convenios son alrededor de 80, de distintos ministerios. Esos honorarios representan el 40% del personal a honorarios en La Granja. Son producto de convenios del SENDA, de la Subsecretaría de Prevención del Delito, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Desarrollo Social y otras reparticiones del gobierno central. Cada genio que en un ministerio inventa un programa, lo experimenta en La Pintana, en El Bosque, en La Granja, en San Miguel. Nosotros ejecutamos lo que ellos deciden. Lo que además es un atropello porque acá hay arquitectos, hay ingenieros, hay abogados, asistentes sociales, antropólogos, que conocen la comuna, trabajan en la comuna, y tienen que ejecutar lo que otros piensan por ellos. Como que si nosotros fuéramos neófitos, como que nuestros profesionales no valen nada.

-¿Cómo funciona el financiamiento de estos programas?

Los convenios lo que pretenden es evitar la responsabilidad frente al trabajador. Eso es lo que hace el convenio. Al Ministerio le conviene que se aplique una estrategia determinada, pero 'hágame usted, usted es responsable, yo pongo esta plata para esto, y todas las consecuencias que vengan son problemas suyos'.

Ante la Dirección de Presupuesto, ante el Ministerio de Hacienda y la Contraloría, nosotros figuramos con saldos iniciales de caja no rendidos. Y ellos aparecen con todo el sistema financiero ordenado porque ellos mandan la plata. Si se firma el convenio en marzo, la primera cuota te llega en julio. Tú tuviste que hacer los ajustes presupuestarios y sacar plata de la propia municipalidad.

-¿Y qué ocurre con estos trabajadores entre enero y marzo?

No tenemos claridad si ellos (reparticiones del gobierno) tienen la decisión de continuar el convenio por otro año. Tú no deberías contratar a nadie en el año siguiente si no tienes disponibilidad presupuestaria, eso lo indican los dictámenes de la Contraloría. No te puedo contratar si no tengo en el presupuesto aprobado la disponibilidad presupuestaria. Al no estar firmado el convenio, porque llega en marzo, llega en abril, y así se entra en el conflicto laboral con el trabajador.

Algunos tienen que salir ya, no se puede pagar un saldo estos tres meses porque el municipio no tiene disponibilidad presupuestaria propia. Si el municipio decide mantenerlos tiene que sacar de otras partidas para tener plata para pagar a un honorario, pero tú ya estás gastando en la planta formal y la planta se fija por ley de acuerdo a la cantidad de habitantes de cada comuna en sus distintos escalafones: directivo, técnico, profesional, auxiliar. Y además existe el personal a contrata que es prácticamente la misma cantidad del de planta y tiene los mismos derechos.

-¿Pero los programas no consideran las realidades locales de cada comuna?

Todas estas planificaciones generales tienen que ver con visiones muy ‘intelectualoides’y no con la realidad. Porque, por ejemplo, un programa de mejoramiento de la salud bucal infantil: un niño en La Granja o La Pintana tiene 10 o 12 piezas dentales dañadas. Un niño en Providencia o Las Condes tiene 2,4. Entonces, pero el programa financia para ambos igual. La obra de un odontólogo te la paga de la misma manera para el niño de La Granja que para el de Providencia. Y además tenemos presupuestos bien diferentes. El presupuesto de Las Condes o de Vitacura de 160.000 millones equivale a 10 años de La Granja.

En un país normal, con una visión política de fondo, no puedes tener una mirada uniforme para todos. No es lo mismo una comuna urbana pobre que una comuna urbana de otra categoría, una comuna rural que una comuna comandante. Sin embargo, estas recetas mágicas de los ministerios llegan para todos igual.

-¿Tienen autonomía en la contratación del personal de estos programas?

Ellos te fijan los montos de los sueldos. Si quieres eso, no tenemos autonomía propia. Y te dicen a quién tienes que contratar. Por ejemplo, en salud nos dicen que tiene que contratar un psicólogo específico.

Nosotros, en términos sanitarios, ahora vamos a hacer el esfuerzo de crear un diagnóstico epidemiológico para saber de qué enferma y muere la gente en La Granja. En términos de salud mental, en una comuna que tiene un alto grado de adicción y de suicidios juveniles, pero no tenemos ni un programa con enfoque en ese tema.

Y ahí nace la pregunta: ¿Quién debería decidir qué programa necesitamos? El médico, trabajador social, asistente que trabaja todos los días en el territorio, no el del ministerio que está en Vitacura y baja a su oficina. Porque eso le llega a Lo Espejo, a La Pintana, a Cerro Navia y a La Granja. "Hágalo de esta forma porque yo lo pienso así", y uno ve otra realidad.

-¿Esta situación le ha generado conflictos con el personal?

Yo creo que la gente distingue dos cosas. La vendetta política de echar a los partidarios es muy poco lo que se da realmente porque además la gente especializada en determinada materia no sobra. Si tengo problemas de agua y alcantarillado necesito buenos ingenieros, no se puede improvisar. No es de andar echando gente y poner a alguien inexperto.

-¿Ha podido conversar esta situación con otros alcaldes de la zona?

Me reuní con la alcaldesa de San Miguel y ayer con el de San Ramón. Por la cercanía tenemos fronteras comunes, nos afectan problemas comunes. Con San Miguel limitamos por Santa Rosa, con San Ramón también. Todos los problemas de todo orden nos afectan de manera común y todas las soluciones administrativas se potencian más si las hacemos juntos. Entonces fijamos una agenda. Si yo tengo buenos ingenieros calculistas, buenos topógrafos, buenos sociólogos y él tiene otras potencias, y todos conseguimos lo mismo.

Todos aceptan porque son recursos que entran para la comuna. No es como lo quisieron hacer ellos, no es como ven la necesidad real, pero entre que no hagan nada porque no tienen recursos y que te lo impongan y lo hagan, se hacen.

-¿Qué solución propone para esta situación?

Soy rebelde y voy a empezar a decir que este no es un convenio, es una imposición unilateral. Un convenio significa un tiempo adecuado para estudiar nuestras propuestas y las de ustedes y convengamos cómo lo hacemos. No somos socios. Hoy ya no somos socios.

Este es un problema de gobierno, pero que tiene una responsabilidad la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Y tiene que haber una conversación también con la Corte Suprema, porque la colisión de visiones entre el derecho administrativo y el derecho laboral hace que los tribunales hoy día se hayan armado verdaderas empresas de defensa de honorarios.

¿Por qué sigo insistiendo, por ejemplo, en una planta que me da 20 enfermeras y tengo 10 programas que me obligan a contratar enfermeras para hacer cosas que son supuestamente necesarias? ¿Por qué no sincero la planta y tengo 40 enfermeras? Y que ellas tengan derechos laborales y deberes funcionarios. Yo creo que eso se ha ido perdiendo. Hemos tenido subsecretarios con poco conocimiento.

Si un programa lleva tres años, sinceremos las plantas. Si tengo 100 trabajadores por tres años en un programa que es permanente, requiero contratar esas personas en la categoría de planta. Así no estoy cada año con la incertidumbre de que termine el contrato y sin dinero para la continuidad. En realidad, independiente del sector político del alcalde, no es un tema político, es un problema nacional de cómo funciona el Estado. Y el Estado en ese plano no está funcionando bien. Y la ley que rige los municipios no está dialogando con las leyes laborales.