Durante este 2024, la frase “las personas están primero” en sus distintas variantes, no solo se utilizó como eslogan en las campañas electorales regionales y municipales, sino que se convirtió en un lema transversal en diversos sectores de la política nacional. Sin embargo, esta afirmación chocó reiteradamente con una cruda realidad: no basta con proclamar que las personas son la prioridad; es indispensable traducir esas promesas en políticas públicas concretas desde el Ejecutivo y el Congreso.

La verdadera prueba de compromiso político radica en transformar el discurso en acción. En este punto, la política chilena quedó en deuda, ya que, pese a las promesas reiteradas, varias reformas clave se estancaron, bloqueadas principalmente por la oposición.

Un ejemplo paradigmático de esta desconexión entre promesas y acción ha sido la reforma al sistema de pensiones, uno de los mayores desafíos sociales de Chile durante décadas. En 2024, el gobierno propuso una reforma que incluía un aumento del 6% en la cotización, destinado a un fondo solidario para garantizar pensiones más dignas. Sin embargo, sectores conservadores y de derecha se han opuesto, argumentando que este porcentaje debería ir exclusivamente a las cuentas individuales de los cotizantes.

Por ello, parece ser necesario recordar que -según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE)- más del 50% de los jubilados perciben pensiones inferiores al salario mínimo, actualmente fijado en $500.000, lo que refleja la urgencia de abordar esta reforma. Aunque la ciudadanía reconoce la necesidad de mejorar el sistema, la oposición ha persistido en bloquear la iniciativa, frustrando la posibilidad de mejorar la calidad de vida de millones de personas.

Otro punto crítico fue la reforma al sistema de salud. A pesar de las claras demandas ciudadanas por un acceso universal y de calidad, el proyecto impulsado por el gobierno no obtuvo el respaldo necesario en el Congreso. Actualmente, más de 2 millones de personas permanecen en listas de espera para atención especializada, según cifras del Ministerio de Salud (MINSAL), con tiempos promedio superiores a los 380 días.

Estos problemas no solo exigen mejoras en la gestión y en la infraestructura existente en la red, sino también en el acceso y la calidad de los servicios. Sin embargo, sectores preocupados por las implicancias económicas y la intervención Estatal frenaron cualquier avance significativo. Esta falta de acción mantiene a millones de chilenos sin cobertura adecuada, evidenciando una preocupante desconexión entre las necesidades de la población y las prioridades legislativas.

La reforma tributaria, concebida como una herramienta clave para financiar políticas sociales y reducir las desigualdades, también quedó relegada. Aunque el proyecto buscaba establecer un sistema fiscal más progresivo, los sectores opositores lo bloquearon con el argumento de que aumentaría los impuestos a los más ricos, afectando la inversión y el crecimiento económico.

Según el Banco Central, el 1% más rico controla más del 26% de la riqueza nacional, pero la carga tributaria sigue siendo relativamente baja en comparación con países de la OCDE. Este estancamiento no hace sino perpetuar un sistema fiscal que no responde a las urgencias del país, postergando inversiones fundamentales en áreas críticas como salud, educación y pensiones.

Desde el punto de vista institucional, durante los últimos meses, distintos sectores políticos han planteado reformas al sistema político para, entre otras cosas, abordar la fragmentación de este. Chile, con más de 20 partidos registrados, enfrenta dificultades para construir mayorías legislativas estables, lo que genera parálisis.

Según la Encuesta CEP de diciembre de 2024, solo un 18% de los chilenos confían en el Congreso, lo que subraya la necesidad de un sistema más inclusivo, transparente y eficiente. En este contexto cabe preguntarse si reformas parciales dan respuesta a que nuestro país pueda contar con una mejor democracia. Por ello, parece central fortalecer los mecanismos de participación ciudadana; garantizar la representación de mujeres, etnias y minorías, entre otras.

No todo fue retrocesos

No obstante, no todo fue retrocesos. Uno de los logros destacados fue el significativo aumento en el presupuesto para cultura en 2025. Este avance refleja el reconocimiento del gobierno al rol esencial de la cultura en la identidad nacional, la creación y el bienestar social.

El incremento presupuestario, que representa un 15% más que el año anterior según el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, permitirá fortalecer proyectos culturales, apoyar a artistas y ampliar el acceso ciudadano a la cultura en todo el país. Es un paso concreto que subraya el compromiso de mejorar la calidad de vida a través del arte y la creatividad, sectores clave para el desarrollo de Chile.

La seguridad también marcó un punto importante en 2024. Finalmente, ha comenzado a ser tratada como una política de Estado, más allá del gobierno de turno. La creciente violencia y el avance del crimen organizado llevaron a un consenso parcial entre gobierno y oposición sobre la necesidad de un enfoque integral y sostenido en el tiempo.

Según datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, los delitos violentos aumentaron un 12% en comparación con 2023, lo que subraya la urgencia de estas medidas. Aunque persisten diferencias respecto a aspectos específicos, como la intervención en ciertas regiones o el uso de herramientas más coercitivas, se han sentado las bases para un sistema de seguridad pública que trascienda los cambios de administración. La aprobación del Ministerio de Seguridad Pública marca un avance crucial para institucionalizar este enfoque y responder a una demanda urgente de la ciudadanía.

Entre otros logros, destacan la propuesta de condonación del CAE (Crédito con Aval del Estado), que beneficiará a más de 800.000 deudores y que además implica un cambio fundamental en el sistema de financiamiento para la educación superior, que se denominará FES (Fondo Público para la Educación Superior).

También se suma la iniciativa que establece el pago de la deuda histórica a profesores, una demanda pendiente desde la dictadura cívico-militar. Ambas medidas van en la senda de reparación de injusticias sociales que han afectado a miles de chilenos por años.

Otra iniciativa anunciada durante el año que termina y que va en esta línea es el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, Chile Cuida, que establece los cuidados como un derecho que implica recibir cuidados, cuidar y el autocuidado, y reconoce los cuidados como una labor fundamental en la sociedad. Además, pretende promover la autonomía y prevenir la dependencia desde la infancia a la vejez, y apoyar a quienes cuidan de manera remunerada y no remunerada, promoviendo la corresponsabilidad social y de género.

Según el informe “Estado de los Cuidados en Chile 2024”, publicado por el Ministerio de Desarrollo Social, alrededor de 3 millones de personas se encuentran en situación de dependencia, de las cuales el 74% recibe cuidados informales proporcionados por familiares, mayoritariamente mujeres. Este sistema busca aliviar la carga que enfrentan estos cuidadores no remunerados, proporcionando servicios de apoyo profesional, capacitación y mecanismos de financiamiento.

Como se plantea desde el inicio de este análisis, el foco debe estar en las personas. Sin embargo, las reformas en pensiones, salud y otras siguen enfrentando obstáculos que perpetúan una política desconectada de las necesidades ciudadanas. Es hora de que importantes sectores políticos -con mayoría parlamentaria- antepongan los intereses colectivos y dejen de priorizar aquellas agendas que perpetúan la inequidad. Eso es precisamente poner a las personas primero.

Así, el 2024 deja un balance mixto: algunos avances significativos, pero también una deuda política que requiere respuestas más contundentes y efectivas. La ciudadanía exige a la política hechos concretos, no solo palabras, para transformar la vida de todos los chilenos y chilenas.