El 4 de diciembre, Brian Thompson, CEO de United HealthCare, fue asesinado en pleno centro de Nueva York, acribillado a tiros por la espalda. Aunque el sospechoso inicial logró huir, una inusitada eficiencia policial permitió que, pocos días después, se detuviera al presunto culpable: Luigi Mangione.

Lo sorprendente no fue solo la celeridad del arresto, sino la reacción de la sociedad norteamericana. Un sector significativo, especialmente jóvenes en redes sociales, mostró apoyo al presunto asesino. ¿Cómo explicar que en una sociedad saturada por la delincuencia se justifique un crimen tan brutal? La respuesta se halla en el contexto político.

United HealthCare es la empresa de seguros médicos más grande de Estados Unidos y también una de las que registra la mayor cantidad de rechazos a coberturas médicas. En una sociedad en crisis, con uno de los sistemas de salud más costosos del mundo y una polarización política creciente, Mangione ha sido percibido como una especie de justiciero social que atacó a un representante de una corporación “malvada”.

La motivación política del crimen parece reforzada por un detalle particular: los casquillos de bala encontrados en la escena llevaban inscritas las palabras “Delay, Deny, Defend” (“retardar, denegar, defender”), una alusión directa a las estrategias empleadas por las aseguradoras para evadir pagos. Sin embargo, y como era de esperar, los representantes del espectro político tradicional han condenado el asesinato enérgicamente. Y tienen razón: la violencia debe ser rechazada venga de donde venga. Pero, ¿por qué?

Una razón fundamental es que vivimos en un estado de derecho democrático, donde se respetan los derechos fundamentales y el poder se alterna mediante elecciones populares. Promover el cambio social a través de la violencia es ilegítimo en un sistema que ofrece vías pacíficas e institucionales, o, en buen chileno, por las buenas. Celebrar un asesinato para cambiar las leyes no solo socava las bases de la democracia, sino que también abre la puerta a que esos mismos medios violentos sean utilizados contra quienes hoy los justifican.

No obstante, hay dos problemas que desafían la mirada democrática y pacífica sobre la resolución de conflictos sociales. En primer lugar, la historia demuestra que la violencia sí ha mostrado ser efectiva en política. Revoluciones como la francesa o la rusa lograron desmantelar antiguos regímenes y establecer nuevos ordenamientos sociales.

La violencia no es exclusiva de una ideología o sector político; fue utilizada tanto por la Unión Soviética como en la muy libre y democrática Estados Unidos, a través de los diversos golpes de estado que ha promovido a lo largo del globo. Inclusive, la violencia puede ser beneficiosa para los sectores políticos más moderados, que adquieren legitimidad gracias a la comparación con los extremos.

En segundo lugar, desde una perspectiva ético/política, muchos consideramos que la violencia es ilegítima y no debemos usarla, independientemente de su efectividad. Si aspiramos a construir sociedades más humanas, solidarias y prósperas, no podemos recurrir a medios que contradicen esos principios.

La violencia no puede ser el camino hacia la paz. Sin embargo, esta postura requiere una condición indispensable: que la democracia cumpla sus promesas. Es decir, que el cambio social sea posible a través de la paz y el diálogo.

En Chile, lamentablemente, esta promesa ha sido sistemáticamente torpedeada por la derecha política, negando toda posibilidad de cambio estructural que el país quiere y necesita. Nos dijeron, por ejemplo, “rechazar para reformar” pero ¿cuántas reformas importantes han venido? Hasta ahora todo intento de reforma se ha visto obstaculizado. Incluso se han protegido los intereses de las ISAPRES para que devuelvan en un plazo de 13 años lo que básicamente han sustraído de forma ilegal ¿qué chileno o chilena tiene tal facilidad de pago por una deuda impaga?

La estructura social que originó el estallido social sigue intacta. La obstinación de impedir el cambio genera frustración, socava la promesa de la resolución pacífica de los conflictos, y da pie a que sea la violencia una de las alternativas a la política tradicional. No permitamos que la violencia resurja como catalizador del cambio.

Que Chile no sea una sociedad donde cualquier asesinato, inclusive del ejecutivo de la empresa más “malvada” concebible, sea celebrada por algún ciudadano. Para que esto no ocurra se debe permitir que la democracia opere, y satisfaga a través de la paz las aspiraciones de una mejor vida.