¿Cuáles son las vías para que la academia influya en la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático (LMCC)? Este recado invita a que usemos los canales provistos en la misma Ley, es decir, que aprovechemos las reglas de juego para participar de manera activa, transparente y crítica. Usar las instituciones existentes contribuye a fortalecerlas, y, si no funcionan, nos da argumentos para proponer cambiarlas.

Agrupo en “academia” a las organizaciones dedicadas a la investigación y la educación superior, donde trabajan científicos, científicas, especialistas y equipos de trabajo de investigación, formación, gestión y vinculación con el medio. Sostengo que el rol preferente de estas organizaciones en la LMCC es de asesorar e impulsar los procesos de implementación de la Ley.

Las universidades y centros de investigación tenemos metas y compromisos de incidencia en la sociedad y en la toma de decisiones, las agencias estatales de financiamiento nos exigen rendir cuentas respecto de nuestros aportes a la política pública, el desarrollo económico, el bienestar social y ambiental. Desde el punto de vista de las agencias, si nos hemos adjudicado fondos públicos estos deben tener un retorno.

Más allá de los compromisos con los financistas -que en el caso de Chile son instituciones del Estado-, es común que las organizaciones académicas tengan como misión la contribución a la sociedad. En la academia se habla, por ejemplo, de “interfaz” con la sociedad, o “incidencia”.

Con este fin hacemos policy briefs dirigidos a la administración del Estado, al poder legislativo y a la ciudadanía. También optamos por involucrarnos en el debate público en los medios de comunicación, con columnas de opinión y participación en entrevistas y paneles, damos a nuestros resultados de investigación nuevos formatos para comunicar de manera amplia, didáctica y accesible, y nos involucramos en nuevos proyectos de formación en nuestras áreas de trabajo.

Todo esto da cuenta de una relación más bien unidireccional de vinculación con el medio, desde los centros de investigación hacia otros actores sociales. Esta no es la única manera de relacionarse con otros actores, pero es la que se observa con más frecuencia en el ámbito académico en el área de cambio climático, a quienes dirijo este recado.

En cuanto a la relación con el Estado, existen mecanismos formales que pueden mediar la interacción con los distintos estamentos. Por ejemplo, el poder legislativo tiene audiencias públicas en las que invita a actores que puedan informar sus discusiones parlamentarias. Este espacio ha tenido relativamente poca participación de la academia. Afortunadamente, hay esfuerzos concretos por mejorar la presencia de investigadores, como es el caso del proyecto Vincula, que busca facilitar a los legisladores el encuentro de especialistas y promover que sean invitados a las discusiones legislativas.

El campo de la política pública ambiental y climática se ha caracterizado por la existencia de vías formales para la participación de diversos actores. En particular, la participación que tiene como objetivo proveer evidencia científica para el mejor entendimiento o la solución de un problema público.

La Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente (Ley 19.300) instruye de manera explícita la participación de actores científicos, siendo pionera en este aspecto y dando un carácter distintivo al campo de política pública de la gestión ambiental. Además, esta ley instala como obligación la consulta ciudadana para la aprobación de políticas y planes. Esto ha sido un precedente para la LMCC, que ofrece oportunidades de incidencia -al menos formales- a los actores sociales, en particular para la academia, puesto que da un lugar explícito a la ciencia.

La LMCC se promulgó en junio de 2022, su implementación ha puesto en marcha una serie de procesos de consulta, por ejemplo, sobre los planes sectoriales propuestos, antecedentes para la actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional y vendrán más en la medida que siga el proceso que partió con la elaboración de programas sectoriales, regionales y comunales.

En el campo de la gobernanza climática, el dialogo con el Poder Ejecutivo, en su labor de diseñar y ejecutar políticas, programas y proyectos a partir del programa de gobierno y de los mandatos legislativos, cuenta con espacios institucionales que son una invitación a una relación bidireccional. El Ejecutivo pide antecedentes y observaciones en los procesos de consulta y la academia puede hacerse parte de estos procesos ciudadanos.

La academia puede usar, fortalecer y transformar las instituciones en la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático. Si bien los canales formales de participación no son vinculantes, es decir, no hay obligación de que nuestras observaciones sean incluidas en los instrumentos bajo consulta, sí hay obligación de que sean consideradas y queden registradas. Además, la academia puede levantar una discusión respecto de sus observaciones y hacerlas visibles a otros actores, teniendo el respaldo de los tecnicismos, pero sin necesidad de entrar en los detalles.

Esto sería una estrategia política natural y legítima para amplificar la voz y hacerse escuchar, pero si usáramos solamente este recurso (por ejemplo, levantar la discusión en la prensa), debilitaríamos nuestra influencia al no ingresar nuestras observaciones mediante los canales formales dispuestos por el Ejecutivo. Al no hacerlo, ¿con qué respaldo se podrían considerar nuestras recomendaciones? ¿Cómo se justifica que ese argumento debe entrar en el análisis?

Estas estrategias son bastante evidentes y no sabremos cuál pueda ser su impacto mientras no las apliquemos. La evaluación crítica del funcionamiento de la institucionalidad nos permitirá proponer transformaciones, pero sin jugar el juego, está difícil cambiarlo.

Reseña

Esta columna nace del trabajo del FONDECYT de Iniciación Nº 11240724-2024, titulado “El rol de la ciencia en la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático”.