Un hombre de 84 años, viudo, sin hijos y con graves problemas de salud, estuvo a punto de ser enviado a prisión por no haber pagado unas cotizaciones previsionales adeudadas desde el año 2014.

En ese entonces, la deuda original era de poco más de 500 mil pesos, pero con el paso de los años, los intereses y los costos judiciales hicieron que la cifra creciera hasta superar los 25 millones de pesos.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, el caso comenzó cuando AFP Planvital demandó a este hombre para cobrar esas cotizaciones pendientes, que correspondían a trabajadores de su empresa.

Durante el juicio, se autorizaron medidas como el embargo de bienes para intentar recuperar el dinero, pero estas acciones nunca se llevaron a cabo correctamente.

Después de años sin avances, el tribunal decidió emitir una orden de arresto contra él.

El problema es que este hombre enfrenta una situación médica muy delicada. Padece diabetes, hipertensión, demencia senil e incontinencia urinaria, y depende de medicamentos y atención médica constante.

Su abogado argumentó que enviarlo a prisión no solo era una medida desproporcionada, sino también peligrosa, ya que su frágil estado de salud podía empeorar gravemente o incluso llevarlo a la muerte.

Además, señaló que había otras formas legales para intentar cobrar la deuda, como el embargo de bienes disponibles, antes de llegar a una medida tan extrema como el arresto.

El caso llegó a la Corte de Apelaciones de Talca, donde los jueces analizaron la situación y concluyeron que la orden de arresto era injusta y desproporcionada.

Se comprobó que la AFP no había hecho un esfuerzo real para utilizar otras opciones legales, como el embargo de propiedades, a pesar de que estas ya habían sido autorizadas por el tribunal.

La Corte también tuvo en cuenta tratados internacionales, como la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que exige un trato especial y considerado hacia los adultos mayores en situaciones como esta.

Finalmente, los jueces decidieron anular la orden de arresto y ordenaron que se busquen otras formas menos agresivas para solucionar la deuda.