Con la llegada de enero, las empresas con más de 100 trabajadores(as) se alistan para entregar sus informes anuales sobre el cumplimiento de las Leyes de Inclusión Laboral a la Dirección del Trabajo. Sin embargo, cabe preguntarse: estos informes, ¿son un reflejo de un avance genuino en la inclusión laboral de personas con discapacidad en Chile?

La realidad sugiere que estamos lejos de alcanzar ese objetivo. Según la Encuesta Nacional de Discapacidad e Inclusión (ENDIDE 2022), más de tres millones de chilenos tienen alguna discapacidad, lo que equivale al 17,6% de la población. Sin embargo, solo tres de cada diez personas mayor de 18 años con discapacidad acceden al mercado laboral, una cifra que pone en evidencia una profunda brecha entre lo que dicta la legislación y la realidad práctica.

El panorama se vuelve más crítico cuando se analiza desde una perspectiva de género. Aunque las mujeres representan un porcentaje mayor dentro de la población con discapacidad (21,9% frente al 13,1% de los hombres), apenas ocupan el 35% de los empleos destinados a este grupo. Esta desigualdad deja en claro que la inclusión debe abordar no solo las barreras generales, sino también las específicas que enfrentan las mujeres en el mundo laboral. Dicho de otro modo: las brechas de género son aún más profundas para las mujeres con discapacidad.

El cumplimiento nominal de la ley, donde las personas con discapacidad son vistas como cifras para cumplir cuotas, es insuficiente. Este enfoque ignora barreras estructurales y culturales que dificultan una inclusión verdadera. Entre estos obstáculos se encuentran la falta de adaptaciones en los lugares de trabajo, las limitadas oportunidades de capacitación y la insuficiente concientización sobre la gestión de equipos diversos.

A esto se suma un desafío crítico que la normativa actual no aborda con suficiente profundidad: la brecha educativa. Más de la mitad de las personas con discapacidad en Chile no ha completado la enseñanza media. Este dato revela un desajuste fundamental entre las competencias exigidas por el mercado laboral y las oportunidades educativas disponibles para este grupo. Pretender alcanzar una inclusión laboral efectiva sin abordar la raíz del problema es, cuanto menos, ilusorio.

Los informes anuales solo serán efectivos si se acompañan de acciones concretas que aborden los desafíos de fondo. Se requiere un cambio de enfoque que trascienda el cumplimiento legal y apunte a la construcción de entornos verdaderamente inclusivos. Esto implica invertir en programas educativos y de formación adaptados, implementar políticas de igualdad de género, y fomentar una cultura organizacional que valore genuinamente la diversidad.

La inclusión laboral de las personas con discapacidad no es solo una obligación legal, sino una oportunidad para transformar los espacios de trabajo y la sociedad en su conjunto. Este cambio no se logra integrando por obligación, sino incluyendo por convicción, reconociendo las capacidades únicas de cada individuo y creando oportunidades para su pleno desarrollo.

El próximo informe anual no debería ser visto como un trámite burocrático, sino como una oportunidad para reflexionar y actuar. Solo abordando las barreras estructurales y culturales de manera integral podremos avanzar hacia una sociedad más equitativa y próspera. El desafío es grande, pero el potencial de construir un país más inclusivo para todos es aún mayor.