Años atrás, el presidente Lagos, ante una crisis durante su gobierno, acuñó la frase “dejemos que las instituciones funcionen”. Era una buena estrategia para esa época en que había confianza en las instituciones, pero hoy estas cargan con una tremenda desconfianza de la ciudadanía y parecieran estar funcionando a punta de filtraciones.

Uno de los pilares fundamentales de convivencia social es la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, sobre todo aquellas que son garantes del Estado de Derecho. Lamentablemente las instituciones del Estado, y como consecuencia de su propio actuar, han ido perdiendo reputación y aumentando su desconfianza. Ministerio Público (Fiscalía), Tribunales de Justicia y Congreso se encuentran entre las de más baja reputación, siendo los partidos políticos quienes cierran la lista.

La reforma procesal penal ya lleva 20 años de implementación en nuestro país, y se destacaba la transparencia como una de sus grandes contribuciones a la sociedad y al sistema de justicia, basado en que su actuar debía ser de cara a la ciudadanía. También fue un aporte la Ley de Transparencia del año 2008, formalmente conocida como Ley N.º 20.285 sobre Acceso a la Información Pública. Es indudable que ha habido avances respecto del secretismo del antiguo sistema, pero estamos lejos de la transparencia necesaria en un Estado de Derecho.

Un punto de inflexión fue el “pacto de colaboración” entre las autoridades políticas y el Ministerio Público para enterrar las investigaciones que se llevaban adelante respecto de los delitos de financiamiento ilegal de la política y su impacto en el quehacer legislativo. Qué diferente sería Chile si hace 10 años el Ministerio Publico no hubiera torcido su camino institucional.

Con la perspectiva de los años y a medida que se han ido conociendo los hechos de cómo se fueron cerrando los casos, o finalizando con condenas a asistir a clases de ética, se puede concluir que fue un muy mal ejemplo con graves consecuencias. En la práctica, los hechos demostraron que, en Chile, estando en el lugar correcto, en el momento oportuno y con dinero en la mano, se podía estar por sobre la ley. 

Con esta lectura, conspicuos personajes y también mandos medios han decidido prescindir de la legalidad vigente con buenos o malos motivos, a través de diversos mecanismos, tales como las filtraciones, cohecho, corrupción o tráfico de influencia; actuaciones todas reñidas con la ética o claramente ilegales.

Las filtraciones no debieran ser la respuesta a un sistema en que existe tráfico de influencia, amiguismo y corrupción. Pero, lamentablemente, en los casos de actualidad, las filtraciones han sido determinantes para no barrer debajo de la alfombra los posibles delitos que están apareciendo en las investigaciones.

Condeno las filtraciones porque afectan el debido proceso de quienes están siendo investigados, y se debe actuar para terminar con ellas, pero, en paralelo, es imprescindible dar la seguridad con hechos de que nada quedará escondido o traspapelado. Hay que asegurar que, aun cuando las filtraciones se terminen, las instituciones volverán a funcionar por la responsabilidad que le asigna la Constitución y las leyes.