Durante el proceso de retiro del 10% de los ahorros previsionales, autorizado por ley en 2020, muchos afiliados de la AFP Modelo enfrentaron problemas.

Algunos tuvieron retrasos en los pagos, información errónea sobre los montos disponibles o incluso requisitos adicionales no contemplados en la ley.

Ante estas dificultades, la organización de consumidores Conadecus presentó una demanda contra la AFP, acusándola de vulnerar los derechos de los afiliados como consumidores.

Conadecus argumentó que estos problemas violaban la Ley de Protección al Consumidor, ya que afectaban directamente a quienes confiaron en la AFP para gestionar sus fondos.

La demanda buscaba que se reconocieran estas infracciones y se indemnizara a los afiliados afectados.

Sin embargo, la Corte Suprema decidió rechazar la demanda. Según el fallo, la relación entre los afiliados y la AFP no se puede considerar una relación de consumo, ya que el sistema de pensiones está regulado por leyes específicas, como el Decreto Ley N° 3.500, que establece que los trabajadores están obligados a cotizar en una AFP.

Esto significa que no es una relación voluntaria como las que se regulan en la Ley de Protección al Consumidor.

Además, la Corte explicó que el retiro del 10% fue un proceso gratuito, sin costos ni comisiones, lo que también excluye la aplicación de la Ley de Protección al Consumidor, que exige que haya un intercambio económico (lo que se llama "acto jurídico oneroso").