Una trabajadora filipina que lleva más de cinco años viviendo en Chile enfrentaba la posibilidad de ser expulsada del país debido a problemas en la tramitación de su residencia definitiva.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, desde 2019 se ha desempeñado como trabajadora de casa particular, cumpliendo con sus cotizaciones de salud y previsión, lo que demuestra su integración laboral.

Sin embargo, en 2021 perdió su visa porque no presentó un documento requerido, y en 2024, el Servicio Nacional de Migraciones archivó su solicitud de residencia y ordenó que abandonara el país.

A pesar de su arraigo en Chile, la autoridad migratoria no tomó en cuenta factores importantes como los años que lleva en el país y su estabilidad laboral.

Esto llevó a la presentación de un recurso de amparo para evitar su expulsión y exigir que su caso fuera revisado de forma justa.

La Corte Suprema, tras analizar el caso, determinó que las decisiones de Migraciones fueron injustas y desproporcionadas.

El tribunal señaló que no se consideraron aspectos clave, como su vida laboral activa en Chile desde 2019 y su permanencia en el país desde 2018.

Además, criticó que se haya cerrado su caso sin darle una oportunidad adecuada para completar los requisitos legales.

Con este fallo, la Corte anuló tanto la orden de expulsión como el archivo de su solicitud de residencia.

También ordenó que el proceso de residencia se reabra, dando a la trabajadora un plazo de 60 días para presentar la documentación necesaria.

Durante este tiempo, podrá permanecer en Chile mientras las autoridades revisan nuevamente su caso.