Cuando hablamos de Derechos Humanos, hacemos referencia a todos aquellos derechos que por su naturaleza, pertenecen intrínsecamente a todos los individuos de la especie humana, sin ninguna condición de cualquier tipo para ser titular de los mismos.

En ese sentido, numerosas son las disposiciones legales, nacionales e internacionales que reconocen y amparan los Derechos Fundamentales de la población LGBTI+ de manera expresa, en razón de la exclusión, discriminación y violencia ejercida históricamente hacia este grupo humano, catalogándolo de especial protección junto a otros grupos históricamente oprimidos, como lo son las mujeres, personas con discapacidad, niñeces, adultos mayores, migrantes, pueblos originarios y afrodescendientes, entre otros. Esto para equiparar las posibilidades de acceso a derechos con el resto de la población.

A pesar de que el Estado de Chile ha suscrito tratados internacionales que le obligan a respetar y promover los Derechos Fundamentales de sus habitantes, vemos en la actualidad la existencia de autoridades que negando estos derechos, o relativizando su alcance, empujan agendas ideológicas que pretenden erradicarlos.

Ésto, desconociendo la obligación que pesa sobre ellos de respetar y hacer respetar las leyes y Derechos Humanos de todos los habitantes de la República, avanzando peligrosamente hacia un escenario donde no sólo se amenazan los Derechos Fundamentales de un grupo humano en particular, sino que también la existencia de la Democracia.

Precisamente los Derechos Humanos son el límite de acción y al mismo tiempo la base de cualquier Estado Democrático, en el que las autoridades electas por la ciudadanía deben dedicar su acción hacia la consecución del bien común, y que sin embargo dista mucho de la realidad actual.

La desinformación y las noticias falsas abundan en las redes sociales, medios de comunicación y opiniones de autoridades que sin asumir ningún tipo de responsabilidad por su actuar, siguen empujando cada vez más el cerco de la democracia, deslegitimando todo un sistema legal establecido para la existencia y fortalecimiento de un Estado de Derecho que proteja a todos sus habitantes.

Es preocupante como esta fórmula se repite no sólo en Chile, sino que además en otros países de nuestra región, donde la información falsa y los discursos de odio son la tónica para mover la brújula socialmente aceptada para el desconocimiento de los Derechos Humanos de grupos históricamente oprimidos.

Los ejemplos son claros, públicos y conocidos por la ciudadanía. Durante la votación de la Reforma a la Ley Anti discriminación (Ley Zamudio) tuvimos que escuchar las destempladas opiniones de diversos diputados, algunos de ellos desinformando, emitiendo información falsa o, derechamente, discursos de odio.

La suposición de que el Congreso Nacional es un espacio donde la racionalidad y el respeto a la ciudadanía debe primar en todo momento por la importancia que tiene para el desarrollo de nuestro país en razón de ser el ente encargado de la tramitación de las leyes de la República, se ve empañado por este tipo de discursos que, emitidos por autoridades en el ejercicio de sus funciones, y haciendo mal uso de las prerrogativas que les entrega su investidura, desinforman y establecen un clima de odio hacia las diversidades, sin ninguna sanción por ello.

La libertad de expresión como derecho consagrado en nuestro ordenamiento jurídico no contempla, ni contemplará, discursos que tienen como fin motivar la desinformación, el odio y la relativización de los Derechos Humanos reconocidos por Chile y el sistema internacional para su protección.

Recientemente hemos podido ver que la oleada anti derechos está enfocada en el Derecho a la Salud de personas trans menores de 18 años, es decir, aquellas niñeces y adolescencias trans que vivencian las intersecciones por ser precisamente uno de los grupos más vulnerables de la sociedad, ya sea por el adultocentrismo que prima en todas las decisiones que recaen sobre ellos, ya sea por la discriminación o violencia a la que se ven expuestos por ser trans.

Esta ofensiva constante hace que los derechos conquistados y dirigidos hacia la integración de toda la diversidad de experiencias humanas que habitamos Chile, que buscan encaminarnos hacia un bien común que permita el desarrollo de nuestra sociedad hacia una mejor, se vean truncados, producto de prácticas que pretenden hacer retroceder la humanidad cada vez más a la barbarie que ha marcado nuestra historia como seres humanos.

Esperamos que las diversas campañas de concientización y sensibilización de la realidad trans en la sociedad, nos permitan avanzar el próximo año en la protección de derechos, donde la información sea contrastada y la sociedad cuente con las herramientas necesarias para lograr heredar a las generaciones futuras un ambiente mucho más respetuoso e inclusivo.