Hace dos semanas comenzaron las reuniones de los representantes de los funcionarios fiscales con el Gobierno en el contexto de las negociaciones ligadas al pliego de demandas que presentaron las 15 organizaciones sindicales integrantes de la Mesa del Sector Público, donde las demandas de los funcionarios a Contrata han ganado protagonismo tras la "norma Dorothy".

Luego de concluir la tercera reunión con los ministerios de Hacienda y del Trabajo, la respuesta enviada por las autoridades no dejó conformes a los trabajadores del Estado que esperaban una contra oferta en torno a la aplicación del polémico dictamen de la nueva contralora Dorothy Pérez y respecto del punto que exige el aumento real de los salarios al 3%.

Funcionarios afectados

El polémico dictamen de la "confianza legítima" afecta principalmente a los funcionarios públicos conocidos como "a contrata", quienes tras una normativa -dictada por el excontralor- cuando llevan cuatro años en un mismo cargo y función, no "pueden" ser despedidos.

Situación que el Estado zanja los meses de diciembre de cada año. Pero la posición de la nueva contralora Pérez de sacar de la discusión de la legítima defensa al organismo y judicializar los casos ha tensionado las relaciones con los trabajadores estatales pese a la orden de no innovar dictada por la corte capitalina contra el dictamen de la contralora.

El número de funcionarios a contrata de una institución, según la ley N18.834 del Estatuto Administrativo, no puede exceder de una cantidad equivalente al 20% del total de los cargos de la planta.

Anef apoya proyecto de ley

Quien también valoró el stand by de la resolución de la contralora fue el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez Debelli: "la orden de no innovar de la Corte de Apelaciones en esa materia significa también tener a la vista y ratificar lo que hemos dicho históricamente, que este dictamen es un retroceso y que no estamos equivocados entonces, por lo tanto, es un elemento junto con la unanimidad de la Comisión de Trabajo de la Cámara cuando reconocieron la necesidad de legislar en torno a estos despidos arbitrarios".

"Mérito a la fundación que defiende a los trabajadores y que creemos ya en la línea correcta", enfatizó José Pérez al considerar la posibilidad de "apoyar un proyecto de ley que permita resguardar y regular la función pública y la estabilidad del empleo para los funcionarios públicos".

Qué es la confianza legítima

El concepto "confianza legítima" está consignado en el derecho administrativo para normar que, en el sistema público, tras dos años sin cambios de funciones ni sueldo de un trabajador a contrata, se entiende que este goza de una "confianza legítima". En este sistema laboral se encuentran mayoritariamente profesionales técnicos que van desde los grados 10 a 8 del escalafón público.

En ese contexto, en el marco del recurso de protección presentado por la Fundación Fuerza Ciudadana ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la novena sala suspendió los efectos de esta indicación que dejaba en manos de los tribunales el tiempo para establecer la llamada "confianza legítima" entre empleador y empleado para pasar de contrata a planta.

Cut y negociaciones

Con todo, las conversaciones entre el Ejecutivo y los sindicatos agrupados en la mesa todavía no concluyen frente a la publicación de la cifra del IPC este viernes y la necesidad de cerrar el trato antes del ingreso el lunes de la próxima semana al Congreso Nacional del proyecto de ley que establecerá estos cambios.

En esa línea, este jueves se llevaron a cabo las últimas discusiones directamente con los ministros Mario Marcel y Jeannette Jara para resolver en particular el reajuste salarial que solicitan desde la CUT, ANEF, CONFUSAM, entre otras, que considera un alza nominal de 7,5% y un aumento real de 3% en virtud de los cambios inflacionarios.

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), David Acuña, dijo que "sin duda hemos avanzado en algunas materias, pero creemos que aún estamos al pendiente. Ayer recibimos la primera propuesta económica, la cual no cubre lamentablemente la pérdida del poder adquisitivo para cientos y miles de trabajadores del Estado".

Cabe destacar que la CUT es la que agrupa a la mayor cantidad de organizaciones sindicales de base en Chile, con 3.072.

"Hemos hecho una contrapropuesta y esperamos que el ministro junto con la ministra hagan todos los esfuerzos para poder entregar una respuesta satisfactoria (...) Sabemos que hay temas fundamentales en los que podemos ir avanzando, como incentivo al retiro, el tema de los bonos de carácter permanente, pero sin dudarlo el reajuste salarial es muy importante", manifestó el dirigente sindical.

De acuerdo con el líder de la CUT, esta semana esperan "salir con una cifra más clara" en miras a obtener componentes de estabilidad salarial y laboral en el marco de la indicación de la nueva jefa de la Contraloría General de la República (CGR).

"Error garrafal"

Respecto de esto mismo, Acuña respondió que "es momento de que la contralora tome cartas en el asunto. No ha dado curso a la reconsideración que se presentó por parte de las organizaciones del sector público en torno a su nefasto dictamen".

"La Cámara de Diputados en la Comisión de Trabajo de manera transversal ya apoyó a los trabajadores públicos, hoy día otro poder del Estado también le dice la contralora que está equivocada (...) Ha cometido un error garrafal. Ella ha generado un conflicto interinstitucional a nivel del Estado que debe ser resuelto", fustigó.

"Hoy día cientos de trabajadores y trabajadoras públicos están perdiendo su puesto de trabajo y eso nos tiene en alerta, ya que hoy día no hay ninguna herramienta para poder defenderse antes despidos injustificados. Hacemos un llamado nuevamente a la contralora que haga una reconsideración", explicó la cabeza de la histórica organización sindical.

Qué sigue para los trabajadores fiscales

De cara a los próximos días, Acuña señaló que van "a seguir en alerta, vamos a seguir moviéndonos de ser necesario. Esperamos que los ministros entreguen una propuesta económica satisfactoria y podamos ya ir concretando los acuerdos que íbamos hasta el momento".

No obstante, en caso de no concretarse un pacto, los funcionarios no descartan continuar con las movilizaciones. "Hicimos ya un paro nacional, no hemos descartado tomar más acciones. Estamos haciendo acciones de acompañamiento. Creemos que hoy día es necesario poder llegar a un acuerdo", agregó.

"Están todas las voluntades por parte de lo de las organizaciones que están en la Mesa del Sector Público, pero obviamente necesitamos las señales claras por parte del Ministerio (de Hacienda). Tenemos demandas claras, las cuales tienen que ser resueltas hoy", concluyó.

Sobre las iniciativas que circulan en el Parlamento en torno a esta temática, Acuña sostuvo que "así como en el mundo privado existe la Dirección del Trabajo, hoy día necesitamos contar con un ente que regule la función pública, que regule hoy día las demandas de los trabajadores y que por sobre todo entregue una protección real para las y los trabajadores del Estado".

Datos del Anuario Estadístico del Empleo Público en el Gobierno Central 2014-2023