El conflicto de las Isapres en Chile no solo es un tema técnico, sino un problema profundamente político y social que desnuda las fallas de nuestro sistema de salud y la incapacidad del Gobierno para actuar como un árbitro imparcial.

La Ley Corta, presentada como una solución al complejo panorama de las aseguradoras privadas, ha sido percibida por muchos como un "salvavidas" para una industria millonaria y heredada de la dictadura, que ha lucrado a costa de la salud de miles de personas.

Resulta imposible olvidar aquella escena en la comisión de salud, con representantes de la derecha ovacionando de pie al oficialismo tras aprobar un proyecto que, lejos de abordar las necesidades de los usuarios, priorizó la estabilidad financiera de las Isapres. Esta escena, cargada de simbolismo, muestra cómo los intereses de la industria privada siguen imponiéndose sobre los derechos ciudadanos.

Mientras tanto, quienes dependen del sistema se enfrentan a un panorama de incertidumbre y desprotección, donde las promesas de seguridad dividida en 156 cuotas, parecen más una limosna que un compromiso real.

La narrativa oficial insiste en que la Ley Corta fue la única alternativa viable, argumentando que, de no aprobarse, 3 millones de beneficiarios quedarían sin cobertura. Sin embargo, esta versión simplifica un problema estructural: el sistema de Isapres nunca estuvo diseñado para garantizar un acceso equitativo a la salud, sino para maximizar las ganancias de sus operadores, dinámica que los fortaleció con un brazo de hierro, hasta que llegaron a sentirse con la libertad de reajustar arbitraria y unilateralmente las tablas de factores, nefasta práctica que terminó siendo declarada ilegal por la Corte Suprema, obligándolos a pagar.

La hipocresía política y el lobby de las Isapres

Decir que los legisladores actuaron por inocencia sería un acto de ingenuidad. En el mundo político nadie es tan iluso como para desconocer las implicancias de sus decisiones. Aquí no hubo confusión, sino cálculo político y presión por parte de los poderosos lobbies de la industria de las Isapres.

Esos mismos que, con discursos paternalistas, han defendido sus márgenes de ganancias en nombre de los beneficiarios. En este escenario, el "diablo vendiendo cruces" cobra un significado dolorosamente literal.

Es momento de asumir responsabilidades

Reconocer que la ciudadanía, a través de las redes sociales y otros medios, tiene un acceso sin precedentes a los debates públicos. Ya no es posible esconderse detrás de tecnicismos ni escudarse en argumentos como la protección de los afiliados. Los hechos están sobre la mesa, y es claro que la Ley Corta no resuelve el problema de fondo: un sistema de salud segmentado y profundamente desigual.

Una propuesta visionaria: el Fondo E

En lugar de parches que perpetúan las desigualdades, debemos apostar por transformaciones estructurales. La propuesta del economista David Debrott, (ex funcionario del Minsal) que me fue planteada al inicio de esta legislatura y que no contó con respaldo del Ejecutivo, cobra más relevancia que nunca.

Esta idea, centrada en la creación de un "Fondo E", administrado por el Estado a través de Fonasa, permitiría a quienes deseen migrar desde las Isapres al sistema público hacerlo contando con la garantía estatal de conservar sus beneficios.

Este mecanismo no solo garantizaría una transición ordenada, sino que podría sentar las bases para un sistema universal de salud, donde el acceso y la calidad de la atención no dependan del nivel socioeconómico ni de la capacidad de pago de las personas.

Un fondo de estas características sería un paso hacia una salud equitativa, sin privilegios ni segmentación social. En un país donde la salud es aún vista como un bien de consumo, avanzar hacia un sistema universal es un imperativo ético y político.

13 años de mala suerte

El plazo otorgado por la Ley Corta para que las Isapres paguen su deuda -13 años- parece más un guiño irónico que una solución justa. Este número, asociado culturalmente a la mala suerte, representa la extensión de la incertidumbre para miles de usuarios que han sido víctimas de cobros excesivos y prácticas abusivas. ¿Por qué una industria que generó millonarias utilidades recibe un trato tan benevolente?

El gobierno debió haber actuado con fuerza y firmeza, pero al contrario hizo el guiño al actor equivocado, olvidando que su rol principal y tal como lo prometió en campaña, es proteger a las personas, no a las empresas. Es inaceptable que los derechos de los ciudadanos queden subordinados a los intereses de una industria que ha demostrado repetidamente su incapacidad para operar con ética.

Un cambio urgente y necesario

El conflicto de las Isapres es una oportunidad para replantearnos qué tipo de sistema de salud queremos como país. La Ley Corta podrá ser un alivio temporal para las aseguradoras, pero lo único que hizo fue perpetuar las bases de la comercialización de la salud. Es hora de avanzar hacia un modelo donde la salud sea un derecho garantizado por el Estado, sin exclusiones ni privilegios.

Si no abordamos este desafío con valentía, seguiremos sufriendo en un sistema que no solo es injusto, sino insostenible. La salud no puede seguir siendo una mercancía, y las decisiones políticas no pueden seguir protegiendo a los poderosos mientras abandonan a la ciudadanía. El momento de actuar es ahora.