La realidad de quienes pasan por las cárceles chilenas mantiene diversos desafíos y dificultades. En particular, existe el antecedente de que una de cada dos personas que sale de la cárcel tiene posibilidades de reincidir (vale decir, volver a la comisión delictiva o al sistema de justicia).

Esta cifra contrasta fuertemente con la asociada a aquellas personas que cumplen condenas alternativas a la privación de libertad (como reclusión parcial o libertad vigilada), en tanto sólo una de cada cuatro personas sujetas a estos mecanismos alternativos reincidirían. Sin duda, estos antecedentes deben estar a la base de la discusión pública sobre la efectividad que los mecanismos carcelarios están teniendo en la comisión de delitos.

Al considerar el uso carcelario en nuestro país resultan relevantes dos consideraciones cruciales entorno a su aplicación y población. Por un lado, se debe entender la pena privativa de libertad como la última instancia, en consideración del impacto que el encarcelamiento tiene en la vida de las personas.

En breve, la experiencia carcelaria estaría marcada por procesos como el estigma, discriminación, abandono, vulneración de derechos, involucramiento con más pares criminales y la pérdida de relaciones prosociales, así como también de otros elementos identitarios que afectan la vida en sociedad de quien llega a experimentar privación de libertad.

A pesar de las graves consecuencias que tienen las penas de cárcel sobre las personas, a nivel local destaca su uso excesivo en comparación con penas alternativas no privativas de libertad (como la ya nombrada libertad vigilada o remisión condicional), y donde la distribución de personas condenadas en ambos sistemas es de casi 50%, aún cuando se espera un mayor uso de penas no privativas de libertad.

Esta consideración, más la existencia del 126% aproximado de sobreuso carcelario en Chile al 2023 hacen evidente que la realidad penitenciaria chilena se encuentra marcada por un uso que excede sus capacidades y planteamientos ¿Cómo se espera que una persona desista de delinquir si ni siquiera puede asegurar un espacio para dormir durante el cumplimiento de su condena?

Por otro lado, el egreso de un sistema carcelario implica, muchas veces, el retorno a entornos hostiles, en los cuales persiste la presencia de factores facilitadores del delito que atentan contra la seguridad ciudadana. Así, al indagar en las características de la población carcelaria en Chile vemos ciertos factores de riesgo (como son el consumo de sustancias o abandono escolar) que caracterizan a la población penal y refieren una realidad que no está siendo debidamente considerada por la política pública de acuerdo con los resultados de nuestro sistema de justicia y las reacciones de la opinión pública.

Vale la pena resaltar que el promedio del encarcelamiento chileno supera el promedio latinoamericano de población carcelaria, e incluso duplica el promedio de encarcelamiento en países europeos.

Desafortunadamente, la permanencia en recintos carcelarios no está siendo parte de la solución, sino más bien parte de un problema que solo será resuelto cuando el retorno a la libertad considere el trabajo sobre factores protectores para su población (como son el desarrollo de estudio/trabajo, o la generación de relación significativas con personas sin antecedentes), con todas las implicancias e instrumentos políticos y sociales que ello requiere.

En este sentido se debe comprender tanto la complejidad del delito (evento multicausal) como la del encarcelamiento (con sus costos y resultados). Considerando esto y que los niveles de delito e inseguridad no disminuyen con el aumento de cárcel ¿Por qué seguir solicitándola como acción penal de primera instancia?

Las cárceles chilenas están siendo promotoras de delitos en función del sobreuso de las mismas. Esto ha dado pie a un círculo de violencia difícil de erradicar sin el apoyo ciudadano y una lógica interventiva que priorice velar por la seguridad por sobre el castigo.

Si más cárcel no es equivalente a menos delito, entonces deberían redoblarse los esfuerzos institucionales y las exigencias sociales dirigidas a la implementación de medidas más efectivas que, como la intervención, prevención o (re)inserción, permitan obtener resultados concretos en la lucha contra el crimen.