La denuncia contra el exsubsecretario Manuel Monsalve ha significado la peor crisis que ha atravesado el gobierno desde que asumió el poder el Presidente Gabriel Boric. Pero más allá de las consecuencias políticas, la situación ha puesto en tela de juicio otros aspectos relevante a nivel social y cultural: la supuesta tensión entre la consigna ‘Yo te creo’ —levantada en las manifestaciones feministas de 2018 a propósito de múltiples casos de abuso y acoso sexual en casas universitarias—, y la presunción de inocencia. 

Además, la denuncia conocida contra el Presidente Boric esta semana por supuesto acoso y difusión de imágenes íntimas ha puesto a prueba dicha consigna y el carácter feminista del gobierno. 

Sobre esto, el rol de los medios en la cobertura de este tipo de casos (y el morbo que opera como gatillante de revelación de contenidos sensibles en estas causas); las filtraciones desde Fiscalía; y el actuar de la oposición, habla en entrevista con El Desconcierto Francisca Millán, Socia fundadora y abogada litigante en AML Defensa de Mujeres. 

-¿Cree que los recientes casos que han involucrado a autoridades políticas, como el caso Valdivia, el caso Monsalve y la denuncia contra el presidente Boric, han desnudado una falencia del Estado y la política en cómo se enfrentan estas situaciones pensando en la víctima?

Lo que ha hecho es visibilizar una realidad que es clara para quienes trabajamos directamente en estas materias: la violencia sexual afecta de manera desproporcionada a las mujeres. Si bien toda persona puede ser víctima de una agresión sexual, las estadísticas muestran que afecta principalmente a las mujeres y no tiene un abordaje adecuado en términos institucionales.

Existen muchas falencias desde el momento de la denuncia en adelante, que viene además insertado en un contexto donde hay elementos fuera de la institucionalidad que también lo hacen muy complejo, que responde a cómo se estereotipa la ocurrencia, al punto que se dificulta incluso para la propia víctima tomar conciencia de haber sido víctima de una agresión de este tipo y eventualmente tomar alguna decisión de denunciar. Las estadísticas también nos señalan que las víctimas de violencia sexual tardan un promedio de tres a siete años en hacer procesos de revelación. Por lo tanto, todos esos nudos críticos reunidos y sumado a que los agresores pudieran ser personas que tengan una especial connotación social, obviamente agudiza aún más todas estas barreras de acceso a la justicia y muestra, como en los casos que hemos conocido, que el ejercicio de esos derechos implica un alto costo para las víctimas por la tremenda exposición que les genera y por el inadecuado tratamiento mediático y social.

-Poniendo el foco en los mecanismos que tiene el Estado, ¿cuáles son las fallas estructurales que evidencia el sistema para enfrentar denuncias dirigidas a altas autoridades?

Dentro del Estado, en términos recientes, a propósito de la promulgación de la Ley Karin, todas las instituciones públicas y privadas tienen la obligación de contar con protocolos para efectos de avanzar en prevención sobre este tipo de violencia y también los eventuales procesos de denuncia y de su investigación. Cuando las denuncias puedan emanar de eventuales víctimas que no son en contexto laboral, sino que son respecto de otras autoridades, ahí el asunto se complica bastante más. Hay que compatibilizar varios factores. De partida, esto no obedece a una relación institucional, pero el hecho de tratarse de una autoridad de relevancia implica un nivel extra de exposición y, por lo tanto, eventual disuasión a quien pudiera requerir denunciar.

Por otro lado, la propia institucionalidad en el sistema judicial tiene dispuestos mecanismos de abordaje cuando se pudiera tratar de autoridades de alto rango. Por ejemplo, ante la denuncia que se ha hecho respecto al Presidente, la investigación le ha correspondido al fiscal regional y no al fiscal local.

Lo propio se debe hacer en el caso de efectivamente presentar una acusación en contra de una autoridad, como es el caso del diputado Pulgar, que debe hacerse una gestión de desafuero. Todas estas medidas tienen por objeto dos cosas: por un lado, que el poder que esas personas ostentan no se vuelva una limitación para el ejercicio de la acción, y por otro lado también proteger el cargo que representan para que no sea tan fácil resultar siendo flancos de acciones de este tipo.

-¿Cómo evalúa el diseño comunicacional de La Moneda respecto a la denuncia contra el Presidente? Existe la percepción de que se optó por desacreditar inmediatamente la denuncia por parte de los ministreos. 

Honestamente desconozco el razonamiento detrás del diseño, pero desde lo que uno ve, efectivamente es preocupante que exista esta asimetría entre que un gobierno salga a defender a pies juntillas determinada versión de los hechos. El discurso que tiene detrás es también muy nocivo en términos generales, más allá del caso concreto.

Puedo entender que generalmente tanto la ministra vocera Camila Vallejo, como todos quienes han salido a mostrar esta postura, consideren que se trata de hechos falsos y que en realidad el Presidente es la víctima de esta situación. Y si bien uno puede entender que exista esa creencia en consideración d e que los antecedentes que han salido son a lo menos bastante llamativos, es complejo este despliegue en cuanto a que valida que exista un filtro sobre la credibilidad que se le quiere dar a una denuncia. Una de las principales cosas en las que se ha pretendido avanzar para efectos de las denuncias referidas a violencia de género es insistir majaderamente en evitar los prejuicios, en dejar que las instituciones funcionen de manera seria sin anticipar un análisis respecto del resultado.

El análisis directo le corresponde única y exclusivamente al sistema judicial, dejando incluso de lado las cuestiones obvias, que son la división de los poderes. La ministra Vallejo al decir que estos hechos son falsos por supuesto no está dictando una sentencia, está dando su parecer. Pero el conocimiento ciudadano es parcial y el conocimiento que tiene la ministra Vallejo o en general el comité político, nunca va a ser cabal porque no cuentan con todos los antecedentes que se dispongan en la carpeta. 

-En un mundo ideal, uno pensaría que las personas no se van a hacer una idea de quién es culpable o no y se deja que las instituciones funcionen. Pero cuando se conoció esta denuncia dirigida al presidente, la oposición salió inmediatamente a golpear al gobierno ¿Cómo se maneja eso cuando debemos velar que las instituciones funcionen?

Hay dos cosas bien relevantes. Una, que efectivamente no podemos perder de vista, que esta es una situación de alta connotación pública y es imposible mantenerse impermeable a esa realidad. La gente quiere, necesita y merece tener una mínima información sobre aquello que pudiera estar afectando a la máxima autoridad de nuestro país.

El tema está en qué validamos que diga quién. Me parece adecuado que sea el abogado que representa al Presidente el que transmita la información sobre las versiones que se sostienen. También es lo más adecuado que la Fiscalía, que tiene sus propios protocolos, informe a la ciudadanía sobre lo que se hace y lo que no. Vimos cómo el fiscal regional Crisosto señaló públicamente qué tipo de delitos se trataban y en qué estado estaba la investigación. Y eso es lo que como ciudadanía necesitamos saber, ni más ni menos. Sobre todo no más, porque no somos los asistentes de la fiscalía en este escenario.

Por otra parte, obviamente hay un punto legítimo en que se ha de interesar cuál es la versión que sostiene el presidente ante estos hechos y esa versión le corresponde a quien le represente, que es su abogado. Y, por supuesto, el gobierno debe ponerse a disposición de la investigación. Pueden tener la claridad respecto de la inocencia del presidente, pero resulta absolutamente innecesario ir mucho más allá que aquello.

-El "Yo te creo" ha sido puesto en la palestra nuevamente por la derecha. ¿Cree que es necesariamente una contradicción con la presunción de inocencia?

En eso hay que ser súper tajante porque el "Yo te creo" no está, ni jamás ha estado en tensión con la presunción de inocencia. Y de hecho quienes en términos teóricos abogamos por estos conceptos, no solamente no están afectados, sino que además son complementarios en las necesidades de profundizar los estándares de derechos humanos de los sistemas judiciales en los estados democráticos y de derechos.

De partida tenemos que tener claro que el "Yo te creo" es una consigna. Y como tal, las consignas tienden a reducir su mensaje a cuestiones de carácter potente, visibilizables y que puedan ser propios de ciertos movimientos. Las luchas contra la violencia hacia las mujeres, con el "Yo te creo", lo que han hecho es posicionar la rebeldía contra un sistema que instala un descrédito sistemático a las denuncias de violencia de género. Porque una vez que éstas se realizan, si es que llegan a realizarse, tienden a ser desestimadas, a funcionar en tiempos que son irrisorios, a reproducir múltiples sesgos y estereotipos respecto de la propia persona que denuncia. "Yo te creo" es una manera de solidarizar por las mujeres cuando atraviesan por el sistema judicial con toda esta estigmatización encima. "Yo te creo" porque nadie más lo hace y porque en este peregrinar sistemático solo te vulneran una y otra vez más.

Es una posición política que pretende visibilizar esta sistemática violación a los derechos humanos de las mujeres, al acceso a la justicia y la debilidad de diligencia, la realización de investigaciones que sean exhaustivas y que en ellas no se reproduzcan sesgos y estereotipos de género por efectos de eliminar también la victimización secundaria.

No es para que el sistema le crea de ante dicho, es para que no le descrea desde un principio y que con esto se pueda llevar un proceso que esté en directa relación con los hechos denunciados y los antecedentes que se han puesto a conocimiento sin cargar con toda esta desidia institucional. Eso no significa que los resultados vayan a ser condenatorios necesariamente, sino que el sistema haya operado de la forma en la que debe operar. Por tanto, es una garantía de igualdad ante la ley. Y de una igualdad material. No de la igualdad que trata de "¡Ay, pero si usted puede denunciar!". No, es una igualdad en el trato. Es una igualdad en los recursos. En la exhaustividad.

Y los mismos conservadores que hoy dicen que la perspectiva de género atenta contra el principio de inocencia son aquellos que no querían establecer esos derechos para las personas imputadas. Entonces no son las personas conservadoras las que nos van a venir a enseñar a las feministas cómo se lucha por igualdad, por dignidad y por derechos humanos.

-¿Cómo evalúa el rol de los medios de comunicación? En el caso Monsalve se difundió el testimonio completo de la víctima y en los últimos días videos que, sin su debido contexto, pueden hacer recaer cierta responsabilidad en la denunciante. 

Me parece que el rol de los medios es uno de los roles más críticos en este contexto porque al final da para todo. Nos vemos ante la contradicción de que a pesar de que todos sabemos lo que está bien y lo que no, igualmente lo que no está bien es lo que se sigue haciendo porque es lo que mejor funciona. En un sistema masivo en el que lo que se hace es en función de buscar el clic, la viralización, por supuesto que todo lo que enganche con el morbo va a tener esa posibilidad de manera mucho más alta. 

Y eso es preocupante porque no son los ciudadanos los que dejan de mirar el matinal porque están hablando de que la víctima fue al ginecólogo a pedirle la pastilla del día después. Son los medios los que tienen que tomar la decisión editorial de dejar de hacerlo. Esa es una decisión difícil porque es la tentación de mantener esa audiencia.

La ley 21.675 establece una obligación para los medios, que todavía no sabemos cómo se va a materializar, pero creo que en algún momento o tendrán que tomar una decisión de ponerle cabeza a cómo hacerlo bien, o tendrán que empezar a asumir las consecuencias. Es desquiciante: o sepultamos a alguien por una denuncia recientemente interpuesta o desacreditan completamente a una víctima y con ello a todas las víctimas si es necesario.

-La fiscalía y generalmente la policía de investigaciones tienen antecedentes que se filtran a la prensa, incluso antes que la parte querellante que tiene que pedir la carpeta. ¿Cree que hay una materia pendiente en cómo la fiscalía está manejando la información en estos casos sensibles?

Aquí pasan cosas bien insólitas. La abogada defensora del ex subsecretario lo dijo incluso en una audiencia: ni ellos habían logrado tener acceso a la carpeta y a toda la información que estaba en ella y los videos ya estaban circulando en los medios. La prensa tenía más antecedentes que la propia defensa técnica de la persona imputada. Eso obviamente es un desquiciamiento de los sistemas propios que la ley ha dado respecto del abordaje de los procesos. Que uno tenga acceso en el sistema y vaya a las audiencias no significa que un funcionario o funcionaria con acceso directo a toda la información pueda divulgarla.

La razón de proteger esta información no es solamente en resguardo de las víctimas, como se ha dicho, es también una protección a las personas imputadas. Y eso, a las personas que les encanta hablar de presunción de inocencia, debieron también tenerlo claro cuando lo que hacen es divulgar la prueba que pudiera incriminar a alguien o que sacada de contexto pudiera significar conclusiones distintas.

Cuando tienes a alguien que después de tres años de investigación es absuelto, esos tres años en los que expusiste todos los antecedentes, toda la información, todos los detalles que correspondían a su vida, no se subsanan con su sola declaración de inocencia. Y eso también es muy irresponsable, no solo con la víctima, sino que también con la persona acusada, imputada de ese delito.

-¿Qué se debería hacer en estos casos?

Esto no es un vacío, lo que ha pasado es directamente indenial. Y la responsabilidad que le cabe al funcionariado es una responsabilidad que se debe perseguir y que ha generado cierto proceso e investigaciones en ese sentido. El sistema tiene la capacidad de registrar cada una de las personas que ingresa a un proceso y todas aquellas personas que no tendrían por qué haber ingresado son personas que tienen que ser investigadas para que se aclare sobre ese acceso y qué se hizo con esa información también.

-¿Falta proactividad de la Fiscalía? Porque al final uno tiende a pensar que la Fiscalía se protege a sí misma o que los propios fiscales terminan filtrando información a la prensa para hacer cuadrar su teoría.

Yo no podría afirmar que no existe esa convicción. El tema es que es una institución gigante y el control de las filtraciones es algo que no solo va dado por pesquisar las concretamente realizadas, sino en cómo se genera una cultura institucional que evite o que dimensione en todos los sentidos de la palabra la gravedad de aquello para poder disminuir su ocurrencia.

Cuando alguien tiene la total y absoluta claridad de lo inapropiado, del inconveniente, de lo gravoso de determinada acción, muy probablemente evita realizarla. Entonces, creo yo que ahí puede estar faltando ser mucho más enérgico sobre cómo al momento de capacitarse, de asumir esa función laboral, de cómo está culturalmente instalado este acceso a información privilegiada como algo deseable, más que una responsabilidad. Creo que se debería avanzar en esa línea y la fiscalía tiene sistemas que puede disponer para poder tener altísima claridad sobre quienes ingresan a las causas y quienes no, y tendrán que hacer todas las investigaciones que correspondan en ese sentido.