Durante los últimos días se habló de la posibilidad, para enfrentar la crisis de las listas de espera en los recintos asistenciales públicos de nuestro país, de apelar al sistema privado, un tema que abordamos con  la experta Nelly Alvarado, directora (I) de la Escuela de Medicina de la Universidad Diego Portales (UDP), y especialista en salud pública.

“Es un tema esperable que aumenten los requerimientos de prestaciones de atención de salud, puesto que la población ha ido enfermándose con enfermedades crónicas y, por otro lado, gracias a las buenas políticas de salud públicas, en 100 años que llevamos desde que se creó el Ministerio de Salud, hemos aumentado la expectativa de vida, personas que antes morían a los 40/50 años, ahora están viviendo sobre los 85 años, son personas que andan por las calles y no están bajo los cementerios”, contextualiza.

De hecho, recalca, la demanda de esta población es por atenciones “no muy simples y es de personas por sobre los 50/60 años”.

Paralelamente, la especialista comenta que el Ministerio de Salud, y las políticas públicas “han implementado programas de alta calidad, estamos financiando quimioterapias, haciendo resonancias nucleares magnéticas, estamos diagnosticando con mayor precisión las enfermedades, haciéndonos cargo de las drogas de alto costo… entonces las personas tienen un sistema de salud, el público y también el privado, que se ha dotado de mucho mayores capacidades del punto de vista tecnológico y tipo de atención”.

“Eso, desde lo positivo”, agrega.

Por otra parte, dice, “si es bueno o malo que se pueda recurrir a las instalaciones de propiedad privada, esto tampoco es un tema nuevo, funciona hace décadas en nuestro país, desde que se creó incluso el Fondo Nacional de Salud (Fonasa)”, el sistema funciona con “dos modalidades, como la de libre elección, donde los beneficiarios de Fonasa tienen la opción de, con un bono, atenderse cuando quieran con un médico privado en cualquier clínica”.

“Hay que hablar de una red de utilización pública”

“Y por lo demás, existe el régimen de garantías, donde también las personas cuando no hay un prestador público, pueden recurrir a un prestador privado, eso está establecido en la ley”, agrega Alvarado al tiempo que asegura que, “por otro lado, la Ley de Urgencia también establece que, ante un riesgo vital, las personas no tienen restricción para atenderse en el sector privado”.

También, comenta, "se está pagando por la vía de la asistencia de grupos relacionados de diagnóstico a los establecimientos privados, existen los Pagos Asociados a Diagnóstico, los PAD, modalidades de pago que hace el sistema público a los establecimientos privados".

En consecuencia, dice, "más que hablar de clínicas privadas, de sector privado, hay que hablar de una red de utilización pública, porque si preguntamos cuántos establecimientos privados no tienen convenio con Fonasa, diría que prácticamente ninguno, casi todos los establecimientos privados tienen convenio con Fonasa, forman parte de la red de utilización pública".

“Se habla de la complementariedad público-privada", recalca.

Siguiendo con su análisis, nuestra entrevistada recuerda que, incluso, en una de las propuestas de Constitución que no se votó, “está escrita la complementariedad público- privada, es decir, ni del punto de vista de las ideologías A, B o C, se ha rechazado que el país, con los recursos que tiene, pueda integrar ambas redes”.

“Está la experiencia de la pandemia”

“Porque es una red de utilización pública, independiente de la propiedad del Estado o de la propiedad privada, puede acceder una persona asegurada en Fonasa a esos centros”, insiste

También, dice, “está la experiencia de la pandemia”, donde se operó de esta manera.

Cómo debiera implementarse, es otro tema que aborda la especialista, quien asegura que este sistema, está vinculado a “las regulaciones de las diferentes modalidades de pago, que están extremadamente reguladas”.

“Por ejemplo, la libre elección, el régimen de garantías que establece ciertos prestadores en algunos tipos de aseguradores, pero cuando ese prestador no está disponible, hay que disponer de un prestador que no forma parte de la red pública o privada a veces, si estamos hablando de una isapre o estamos hablando de Fonasa”, complementa.

Y ahí, comenta, lo que “tenemos que hacer, es cumplirle al paciente, por lo tanto, si Fonasa no tiene el hospital público para resolverle el problema, tiene que recurrir a la clínica, porque hay una garantía que tiene que cumplir por ley”.

“Entonces, la materia fundamental es pensar cuál es nuestro objetivo como Chile, como Chile es que las personas sean atendidas, que no anden por ahí deambulando y finalmente se compliquen, se enfermen más o mueran, ese es nuestro foco fundamental como país, la unidad país”, releva.

¿Hay que robustecer la regulación?

Y en segundo lugar, “si está este temor de encarecimiento” de la prestación en el sistema privado, dice, “hay experiencias previas, y si hay alguna experiencia previa, que no ha sido suficientemente satisfactoria, hay que robustecer la regulación y la claridad en los mecanismos de pago, de compra y venta de prestaciones”.

Incluso, destaca, “los prestadores privados también tienen aranceles de pago, y los médicos también se regulan al nivel en que está la persona, Fonasa A, B, C o D (...) también hay una forma de ir regulando”.

Ahora, dice “si se establece un sistema especial de listas de espera donde las personas estén efectivamente enlistadas, identificadas y, de acuerdo a lo que he escuchado (...) existiría un sistema que permita priorizar por gravedad, por edad, por tiempo que lleva la persona en lista, obviamente ahí no es que cualquiera se va a ir a una clínica con su bono Fonasa, tiene que haber un orden, una regulación que tiene que estar muy clara para los prestadores y para las personas”.

Lo anterior, asegura, “para que no haya expectativas desmedidas y para que se cumpla este orden", por lo que "la gente tiene que estar muy informada del procedimiento que se va a implementar”.

Luego, consultada si apelar a esta integración es una buena alternativa, Alvarado es categórica. “Creo que no hay otra, no tenemos tiempo para construir un hospital de aquí a dos meses, que se han construido muchísimos, centros de salud” también, que “se están inaugurando muchos, y no hemos valorado eso tampoco”.

“Desde los 90 en adelante se han construido muchos hospitales, pero esos hospitales nuevos ya quedaron chicos por lo que decía, tenemos 50 años más de personas caminando que antes estarían bajo las tumbas en los cementerios”, recalca.