Impuesto al plástico: La propuesta científica para el tratado global de plásticos que Chile impulsa
En Busán, Corea, integrantes de 67 países incluyendo Chile están reunidos en la quinta ronda de negociaciones para crear un tratado global y legalmente vinculante contra la contaminación por plásticos, promovido por la ONU.
El objetivo de esta reunión es terminar el texto y lograr que sea aprobado por más de 100 países, incluyendo los principales productores de plástico, antes del 1 de diciembre.
Uno punto álgido del debate, que enfrenta a países productores con países que reciben la contaminación, será si el tratado debe incluir un compromiso para reducir la producción de plástico, o si solo debe centrarse en reciclaje y reutilización.
El mundo científico ha aportado con distintos datos y estudios al debate, y uno de ellos es un estudio de las universidades UC Berkeley y Santa Bárbara publicado en la revista Science, donde se proponen cuatro medidas contra el plástico y se cuantifica el impacto global que pueden tener si todos los países las adoptan.
Las medidas que se proponen en el estudio son: exigir que los productos plásticos contengan al menos 40% de material reciclado, limitar la producción de plástico a los niveles de 2020, invertir US$ 50 billones en infraestructura de gestión de residuos y aplicar un impuesto al consumo de envases plásticos.
¿Impuesto al plástico?
El estudio propone entre las medidas un impuesto global al consumo de envases plásticos, cuantificado en un céntimo de dólar por cada kilogramo de plástico virgen en un envase. Según los investigadores, esta medida aportaría US$ 5 billones por año y “se estima que tendría muy poco o ningún efecto social o económico adverso”.
El dinero recaudado por el impuesto, según los investigadores, se podría invertir en rellenos sanitarios, incineradores y sistemas de recolección para gestionar correctamente la basura plástica, evitando emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera por la quema abierta de plástico.
En el mundo existen algunos ejemplos de acciones tributarias para desincentivar la contaminación por plásticos, como una normativa impuesta en 2021 por la Unión Europea, donde cada estado miembro debe pagar una tasa de 0,8 euros por kilogramo de plástico no reciclado que termina como basura.
