Un exestudiante que había obtenido un Crédito con Aval del Estado (CAE) para financiar su educación superior, intentó evitar el cobro de su deuda argumentando que había pasado demasiado tiempo desde su vencimiento.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, el crédito, garantizado por el Estado, incluía dos pagarés por más de 600 UF ($23.468.000) que debían haberse pagado en 2020.

Sin embargo, en 2023, el exestudiante fue notificado de la demanda de cobro presentada por la Tesorería General de la República, lo que inició un largo proceso judicial.

En tribunales anteriores, se había aceptado parcialmente el argumento del exestudiante de que la acción para exigir el pago estaba prescrita, es decir, que el tiempo para reclamar el dinero había expirado.

Esto llevó a que las instancias previas limitaran la capacidad del Estado para cobrar la deuda. Pero el caso llegó hasta la Corte Suprema, que tuvo la última palabra.

En su fallo, la Corte Suprema rechazó los argumentos del exestudiante y dejó claro que las deudas del CAE, al estar garantizadas por el Estado, no prescriben.

Según la Ley N° 20.027, las cuotas no pagadas deben ser cobradas hasta que la deuda se extinga por completo.

El tribunal explicó que esta normativa protege el derecho del Fisco a recuperar los fondos en cualquier momento, sin importar cuánto tiempo haya pasado.

Con esta decisión, la Suprema ordenó que se continúe con el proceso para que el exestudiante pague los más de 600 UF ($23.468.000) que debe.