Esta semana, la Universidad Diego Portales (UDP) dio a conocer su Informe anual sobre derechos humanos en Chile 2024, contexto en el que se abordan distintas temáticas.

Específicamente, este se concentró, “en dos brechas estructurales para el cumplimiento del Estado de Chile de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos: por un lado, el acceso a la justicia por distintas violaciones a los derechos humanos (estallido social, justicia transicional, cárceles, violencia institucional, trata de personas y trabajo forzado)” y, por otro, la regulación sectorial para garantizar derechos sociales y otros derechos relativos a actividades económicas de distinta índole, en particular, el derecho a la seguridad social (pensiones), la seguridad privada, y el negocio de la inteligencia artificial”.

En este sentido, el trabajo concluye que “el sistema de justicia en Chile se encuentra en lo que podemos llamar su peor momento de legitimidad frente a la ciudadanía desde el retorno a la democracia”.

De hecho, según plantea este, “las deficiencias que la academia había relevado, una y otra vez, acerca de los procesos de nombramientos de cargos en los tribunales −especialmente, en las Cortes de Apelaciones, la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional− se han hecho ostensibles para todo el mundo”.

“Actualmente, pormenores respecto a los nombramientos para la Corte Suprema de la ministra Ángela Vivanco y del ministro Jean Pierre Matus (conocidos a raíz del caso audios), revelarían el tráfico de influencias además de prácticas que”, a primera vista, “ponen en riesgo aspectos fundamentales del Estado de Derecho y la vigencia de los derechos humanos, el debido proceso y la imparcialidad”, destaca el reporte.

“Una oportunidad única”

Citando además la situación protagonizada por el ahora exministro y otrora presidente de la tercera sala constitucional de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, quien quedó en entredicho acusado de entregar información privilegiada a su hija en medio de una compra inmobiliaria, y las acusaciones constitucionales contra él y dos ministros más del máximo tribunal, Ángela Vivanco y Jean Pierre Matus, que terminaron con el primero de los tres destituido, el trabajo académico releva la extrema importancia de "reconocer que estos escándalos constituyen una oportunidad única −así como una ineludible necesidad− de revisar el sistema de nombramientos de jueces”.

Además del requerimiento en términos de “encontrar respuestas a los conflictos de interés o apariencia de parcialidad que también surgen a partir de la designación de los abogados integrantes de las Cortes”.

Siguiendo con su análisis y los pendientes de nuestra institucionalidad, el trabajo plantea que “Chile se encuentra ante antiguos y conocidos desafíos en materia de derechos humanos”.

En particular, recalca el informe, se observan “continuos retos en lo que se refiere al acceso a la justicia”, considerando “el deber de investigar y sancionar violaciones a los derechos humanos producidas durante la represión policial del estallido, ante la inminente prescripción de esos delitos sucedidos hace cinco años”.

Pero hay más, “el acceso a la justicia, verdad, memoria y reparación de los crímenes de la dictadura, también representa un antiguo desafío pendiente”, asegura el reporte.

Condiciones carcelarias y violencia sexual contra NNA

Paralelamente, este enfatiza en que lo mismo “sucede con las condiciones carcelarias que han empeorado de manera considerable, por el creciente hacinamiento y las actividades de pandillas organizadas al interior de los recintos penitenciarios que ponen en riesgo tanto la salud e integridad de las personas privadas de libertad, como del personal que se desempeña en esos espacios”.

“Finalmente, seguimos con la deuda histórica de abordar, de manera preventiva y reparatoria a la vez, la violencia –incluyendo violencia sexual– contra niños, niñas y adolescentes en contextos institucionales estatales y eclesiales”, agrega el trabajo.

De hecho, este también plantea que “otros desafíos de derechos humanos se observan en los conflictos ambientales con la industria salmonera; los desastres y la necesaria planificación territorial y ambiental; la prevención de desastres; las medidas de adaptación al cambio climático y sus efectos, el trabajo de la comisión indígena; la explotación del litio; la salud (2023); el cuidado, la vejez y la discapacidad, y los intentos de limitar el alcance de la prohibición de discriminación y los derechos de las personas trans”, entre otras materias.

El riesgo de la debilidad de los operadores de la justicia

Consultados por el informe, desde la UDP Judith Schönsteiner, editora general de este trabajo, comenta que, entendiendo que en él se habla "de la judicatura después de la vuelta a la democracia, obviamente, el sistema de justicia durante la dictadura estaba mucho peor", era inexistente y estaba "completamente cooptado por el ejecutivo en algunos ámbitos".

"Hoy estamos en una crisis de legitimidad porque estamos evidenciando hechos de corrupción, hechos de tráfico de influencias, etc.".

También, destaca, "identificamos debilidades en los operadores del sistema de justicia - Ministerio Público, por ejemplo - que a lo mejor no han impactado en la percepción, pero sí impiden el acceso a la justicia o conllevan impunidad".

Y respecto del estallido social, agrega, también se "identifican" estos problemas, que se suman a lo que sucede en el ámbito del "acceso a la justicia para niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual en contextos institucionales como el ex Sename o las iglesias, o el acceso a la justicia para víctimas de trabajo forzado cuyos casos se cierran sin la investigación correspondiente".

Requerida luego respecto de cuánto afecta a la democracia que el sistema de justicia en Chile se encuentre en su peor momento de legitimidad frente a la ciudadanía, citando a otros estudios, Schönsteiner sostiene que la "legitimidad del Poder Judicial es fundamental para que las personas crean en las instituciones, y en la igualdad ante la ley".

"En este sentido, la crisis también es una oportunidad para mejorar tanto el desempeño como la percepción de la justicia en nuestro país", concluye.