Una terapeuta ocupacional del Centro de Salud Familiar (Cesfam) Quinto Centenario en Osorno, vivió meses de angustia en su lugar de trabajo.

Según relató, sufrió constantes actos de acoso laboral por parte de su jefe directo, el director del establecimiento, quien utilizaba tratos despectivos, burlas y cambios injustificados en su lugar de trabajo.

Estos hechos la llevaron a denunciarlo ante la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) y otros organismos.

Sin embargo, poco después de estas denuncias, la mujer recibió la noticia de que su contrato no sería renovado.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, aunque la Municipalidad justificó la decisión mencionando supuestos problemas en su desempeño, ella consideró que el despido fue una represalia directa por haber denunciado el acoso.

Con el apoyo de su abogado, presentó una demanda laboral para proteger sus derechos.

En el juicio, el tribunal determinó que la trabajadora fue víctima de acoso laboral, conocido como "mobbing", y que su despido no solo carecía de justificación, sino que representaba una clara vulneración a sus derechos fundamentales.

El tribunal señaló que la trabajadora fue expuesta a un trato humillante que afectó su salud física y emocional.

Tras esta sentencia, la Municipalidad apeló ante la Corte de Apelaciones de Valdivia, argumentando que el contrato de la mujer había finalizado de manera legal y que no existían fundamentos para las acusaciones de acoso.

Sin embargo, la Corte rechazó este recurso y ratificó la decisión del tribunal laboral.

El fallo definitivo ordena a la Municipalidad de Osorno a indemnizar a la trabajadora con más de 17 millones de pesos, incluyendo pagos por daño moral y otros conceptos legales.

La Corte dejó en claro que no se pueden tolerar represalias contra quienes denuncian condiciones laborales injustas y abusivas.