En mayo de 1984, una mujer, de solo 15 años, observaba una protesta desde la puerta de su casa en La Serena cuando una bomba lacrimógena disparada desde un bus de Carabineros la golpeó directamente en el rostro.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, el impacto le causó fracturas, pérdida de dientes, una cicatriz permanente en su mandíbula y un trauma emocional que ha marcado su vida desde entonces.

Durante años, esta mujer vivió con estas secuelas sin obtener justicia ni una reparación adecuada.

En 2022, la mujer decidió demandar al Estado, argumentando que el ataque había destrozado no solo su salud física, sino también sus oportunidades de desarrollo personal y profesional.

Aunque el Fisco intentó defenderse diciendo que ella ya había recibido beneficios de programas de reparación, la mujer insistió en que estos no compensaban el daño real y permanente que sufrió.

La Corte de Apelaciones de Santiago falló a su favor, aumentando la indemnización inicial de $50 millones a $80 millones, además de incluir reajustes e intereses.

Los jueces consideraron el impacto físico y emocional que las lesiones tuvieron en la adolescencia de esta mujer y cómo esto afectó su vida como adulta.