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¿Quién considera el interés superior de niñas, niños y adolescentes trans?
Agencia Uno

¿Quién considera el interés superior de niñas, niños y adolescentes trans?

Por: Tamara Madariaga Venegas | 20.11.2024
Cabe preguntarse entonces: ¿las personas que se atreven a cuestionar la identidad de otro ser humano, son las mismas que asisten a cultos religiosos, se dicen solidarios, empáticos y compasivos frente al dolor ajeno? De ser así, serían -por decir lo menos- hipócritas y mentirosos.

Después de varios meses de controversias y gracias a la presión de la ultraderecha, la cámara decidió la semana pasada suspender el presupuesto para el Sistema de Protección integral a la Infancia, lo que deja en el más absoluto desamparo y exclusión social a NNA Trans.

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Esta política, también conocida como Chile Crece con Orgullo, había nacido con la ley que reconoce y protege el derecho a la identidad de género (Ley N°21.120), y al amparo de la Ley 21.430, sobre garantías y protección integral de la niñez y adolescencia.

Y tras esta decisión, se hace de suma relevancia preguntarse si aquellas personas que tan libremente se permiten cuestionar la identidad de género otro ser humano, ¿tienen alguna noción real de lo que significa ser una persona trans en una sociedad tan conservadora, discriminadora y poco empática como la nuestra?

Es necesario recordar una parte de la Carta abierta a la solidaridad del laureado escritor portugués, José Saramago, donde dice: La identidad de una persona no es el nombre que tiene, el lugar donde nació, ni la fecha en que vino al mundo. La identidad de una persona consiste, simplemente en SER, y el ser no puede ser negado… Negarle a alguien el derecho de ser reconocido socialmente es lo mismo que retirarlo de la sociedad humana”.

Cuando se promueven discursos, actos o delitos de odio, para referirse o tratar a las niñeces trans pueden llegar a plantearse cosas como: “ahora hay que respetar a cualquiera que diga que se siente planta, y hay que tratarlo como planta porque si no te pueden denunciar”, o peor aún, los NNA pueden llegar a ser sometidas/os a “terapias conversivas” por parte de sus familiares directos y familias extensas.

Familias que pueden seguir llamándoles por su nombre muerto, o que les llevan a “especialistas” para que puedan “rectificar su camino”. Siendo algunos más perversos aún, quienes les practican ritos de exorcismo para “mejorarles de su identidad de género”, o les golpean, o les abusan sexualmente para que “recuperen el género asignado al nacer”.

Evidentemente ante la ocurrencia de estas situaciones no sólo no se está respetando su identidad de género, sino lo más básico para cualquier ser humano, es decir, su dignidad, que no es ni más ni menos que el valor que todo ser humano tiene por el sólo hecho de ser persona.

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Cabe preguntarse entonces, ¿realmente estamos hablando de una “ideología de género” como les gusta llamar a las personas conservadoras que no respetan la diversidad de género o de ningún otro tipo, o estamos hablando del respeto elemental a los derechos fundamentales de cualquier ser humano y especialmente de NNA, tal como se consagra en la Convención sobre los Derechos del Niño, firmada y ratificada por el Estado de Chile en el año 1990?

La Convención articula un conjunto de derechos para todos los niños y niñas, sobre la base de cuatro principios fundamentales: la no discriminación; el interés superior del niño; el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; y el respeto por la opinión de los niños y niñas.

Es preciso recordar que, para proteger a los jóvenes trans, se recomienda que los Estados implementen políticas de protección, programas educativos y de salud integral que promuevan la inclusión y el respeto a la diversidad de género.

Eso es justamente lo que hace el PAIG, y hoy, gracias a los discursos de odio, intolerancia y profunda desconsideración y falta de respeto hacia las infancias trans y sus familias, ha dejado de tener financiamiento del Estado, tal como ha sucedido con el financiamiento para el INDH. Esto es especialmente grave porque las obligaciones legales de carácter interno e internacional obligan al Estado de Chile a mantener estas instancias.

Esta es una situación desgarradora e indignante para todas aquellas personas que acompañamos respetuosa y seriamente el proceso de transición de nuestras hijas/os/es, porque, a partir de esta decisión, que en ningún momento considera ninguno de sus derechos fundamentales, les deja en el más absoluto desamparo y en un lugar de exclusión social.

Esto, sin lugar a dudas tendrá consecuencias devastadoras para sus vidas. Cabe preguntarse entonces: ¿las personas que se atreven a cuestionar la identidad de otro ser humano, son las mismas que asisten a cultos religiosos, se dicen solidarios, empáticos y compasivos frente al dolor ajeno? De ser así, serían -por decir lo menos- hipócritas y mentirosos.

Finalmente, me pregunto, si la gente que promueve la discriminación, la exclusión y la violencia, ¿se hará cargo del sufrimiento de las infancias trans a propósito de la falta de acompañamiento para ellas/os y sus familias? Lo más probable es que no, y como ha sucedido a lo largo de la historia, una vez que logren como resultado tener varios mártires a su haber, recién podrán caer en la cuenta (si es que algún día lo hacen) de que este daño ha sido irreparable.

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Las niñas/os/es y adolescentes y las familias, que hoy enfrentamos el miedo al odio y sus consecuencias traumáticas, dañinas y definitivas, sólo esperamos que la sociedad respete y valore a nuestros hijos/as/es, por ser quienes son. ¡Nada más, pero nada menos!