Listo para su aprobación en el Senado quedó el proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad. La iniciativa, una de las más importantes para la ministra del Interior, Carolina Tohá, sorteó la comisión mixta que se estableció tras las diferencias entre la Cámara y el Senado, debido a la complejidad de la nueva institución que se propone crear. 

En lo medular, el proyecto propone separar las labores de seguridad del Ministerio del Interior, el cual pasaría a ser legalmente el encargado coordinación política y el ministro el jefe de gabinete ministerial, tarea que hoy ya cumple pero de facto. En tanto, el Ministerio de Seguridad pasará a liderar las policías y hacerse cargo de la agenda legislativa en esta materia, una de las más nutridas y centrales durante los últimos años a causa de la crisis de seguridad que atraviesa el país. 

Sin embargo, la tramitación no estuvo exenta de polémicas. Tohá debió bregar por un acuerdo en la instancia con el fin de establecer una nueva autoridad encargada de la seguridad en regiones: el secretario regional ministerial de Seguridad Pública (seremi).

Esta nueva figura pasará a contar con potestades sobre las policías, y será el representante territorial del ministro o ministra de Seguridad. Por su parte, el delegado presidencial seguirá siendo el superior jerárquico, pero sin el contacto directo con las instituciones a cargos de la seguridad, tarea que será cumplida por el nuevo seremi. 

El reclamo de Orrego

Pero más allá del acuerdo político en el Congreso, hay quienes siguen resistiendo esta figura, especialmente los gobernadores quienes reclaman más atribuciones en materia de seguridad. 

Este es el caso del actual gobernador y candidato a la reelección de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, quien en entrevista con El Desconcierto lamentó que se haya establecido un nuevo seremi de Seguridad. 

“La creación del Ministerio de Seguridad lo veo con sentimientos encontrados; por un lado me alegra porque Chile necesita una institución que se dedique sólo al tema de la seguridad pública, con gente especializada, y en ese sentido es una buena noticia la creación del Ministerio de Seguridad”, sin embargo, el gobernador hizo hincapié en que “me parece que es una mala noticia que se cree en estos seremis de seguridad y no se eliminan los delegados”.

Respecto a las razones para estar en contra de la medida, Orrego manifestó que “si se hubieran creado sólo los seremis, está bien, dejamos acotado ahí el mando de las policías, pero tener delegados, seremis de seguridad y gobernador en la misma región, solamente va a aumentar la confusión, la duplicidad y la descoordinación”.

En ese sentido, el gobernador emplazó al gobierno a cumplir la promesa realizada en campaña de eliminar las delegaciones presidenciales y dotar a las gobernaciones regionales de mayores facultades: “Ojalá los delegados terminen desapareciendo, como se comprometió por parte del actual presidente; y lo otro también es que se nos den atribuciones a nosotros de seguridad, porque se demoró 23 años darle atribuciones los municipios labores preventivas de seguridad, no puede pasar el mismo tiempo en el caso de las gobernaciones”, expresó Orrego. 

Y agregó: “Nosotros estamos invirtiendo en patrullaje, en iluminación, en televigilancia, en alarmas comunitarias, en apoyo a las policías. Entonces es raro que en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, donde al gobierno le faltan manos, se nieguen o se inhiban de convocar a los gobiernos regionales”.

La promesa incumplida del gobierno

El reclamo del gobernador se enmarca en una promesa de campaña del Presidente Gabriel Boric que se ha diluido en los casi tres años de administración de su gobierno.

En septiembre de 2021, en plena campaña presidencial, el mandatario se comprometió a que “si el pueblo de Chile nos da el honor de poder representarlos de aquí en adelante, no les quepa duda que en nuestro futuro gobierno se va a terminar la figura del delegado presidencial”.

En la práctica, la medida —según apuntaba el programa presidencial—  buscaba avanzar en la descentralización del poder radicado en el gobierno central. De hecho, en el documento que contenía las promesas de campaña apuntaba directamente a la “eliminación de la figura del delegado presidencial” con el fin de “resguardar la pertinencia local de la política pública del Estado” y llevar a cabo una “distribución de competencias y recursos”.

Y, de hecho, en noviembre de 2022, a pocos meses de asumir como ministra del Interior, Carolina Tohá reafirmó la intención del Ejecutivo de eliminar a los delegados presidenciales señalando que “hace dos días tuvimos una reunión con todos los gobernadores del país y una de las cosas que dejamos muy claramente establecidas en esa reunión es que ese compromiso —eliminar las delegaciones— que el Presidente ha tomado está vigente y se va a cumplir”.

Sin embargo, fue la misma Tohá quien se encargó de confirmar que el gobierno había cambiado de opinión: “Administrando el gobierno se llegó a la conclusión que no tener delegados presidenciales en las regiones no era una buena idea y que el gobierno iba a quedar sin orientación”, dijo la ministra en julio de este año.