Adriana Rivas nuevamente acudió a los tribunales de Australia, en su enésimo intento de evitar su más segura extradición a Chile para ser juzgada y pagar por los crímenes de lesa humanidad cometidos por ella durante la dictadura de Pinochet.

Mano derecha de Manuel Mamo Contreras, fue una de las agentes más sanguinarias de la DINA y protagonista de los relatos más espantosos de torturas a mujeres en cuarteles.

Esto, luego de la decisión del Ejecutivo de Camberra, quien aceptó extraditarla a nuestro país, para iniciar un proceso donde se le acusa de torturas y desaparición forzada de siete personas en la década de 1970.

Uno de ellos es el atroz crimen contra Reinalda Pereira, tecnóloga médica de profesión y que trabajaba asilando personas buscadas por los organismos de seguridad como la DINA. Además, era enlace al interior de la estructura clandestina del Partido Comunista.

Estando con un avanzado embarazo, fue secuestrada por la DINA y relatos de testigos acusan a Adriana Rivas de cometerle atroces tormentos y torturas antes de morir.

El cuerpo de Reinalda cumplió este 2024, nada más ni nada menos que 48 años sin aparecer debido al pacto de silencio que existe entre quienes colaboraron con el dictador para infundir miedo y dolor a la población.

Gobierno de Boric pone prioridad a extradición

Este jueves, el tribunal de Sídney liderado por el juez Michael Lee, pidió a los abogados de Rivas que presenten a principios de diciembre documentos escritos explicando de forma concisa y clara los argumentos por los que se opone a la decisión del Gobierno australiano de extraditarla. Lee también dio un calendario que incluye el juicio para abordar el caso el próximo 10 de marzo.

El caso de Rivas motivó al gobierno del Presidente Gabriel Boric, a declarar que su extradición es de "alta prioridad", en el primer paso que adopta el Estado chileno desde el retorno a la democracia en la búsqueda de los desaparecidos.

Este pronunciamiento ha hecho sentir a los familiares de las víctimas atribuidas a Rivas que "por primera vez" tienen el apoyo del Estado y no están "desamparados".