Urbanismo y derecho a la ciudad
Agencia Uno

Urbanismo y derecho a la ciudad

Por: Alfonso De Urresti | 09.11.2024
Las ciudades serán sostenibles en la medida que tengan la capacidad de reflejar un desarrollo productivo que genere bienes y servicios asequibles para todas y todos, que pueda ser perdurable en tiempo y deje capacidades instaladas para las futuras generaciones. Este desafío se concilia con la reivindicación por el derecho a la ciudad

Ayer viernes, y como ocurre cada 8 de noviembre, la Organización de las Naciones Unidas conmemora el Día Mundial del Urbanismo gracias a la iniciativa del entonces profesor Carlos Maria Della Paolera, de la Universidad de Buenos Aires, en el año 1949.

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Se trata de una fecha que busca poner en valor la planificación urbana, como también la necesidad de generar espacios ambientalmente sanos, verdes, libres de contaminación, que asimismo permitan una mayor integración y participación social.

Celebramos que esta semana, el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, haya puesto en valor esta efeméride a través de una nutrida agenda de actividades en torno a la Planificación Urbana.

Urbanismo proviene del latín urbs, que significa “ciudad". En otras palabras, se refiere a la forma cómo los seres humanos nos organizamos especialmente en las ciudades y asentamientos; la relación entre el ámbito construido y el impacto en sus habitantes.

A esta definición hoy se suman dos fenómenos que se han ido profundizando cada día más, que son el cambio – o crisis- climática, y el crecimiento demográfico. Ambos se han vuelto factores incidentes en el desarrollo, bienestar y calidad de las ciudades.

Si queremos habitar ciudades sanas, debemos trabajar en acciones individuales y colectivas que conduzcan en aquella dirección. La necesidad de contar con otro modelo de ciudades, uno sostenible se hace cada vez más urgente y global. Por ende, concientizar y avanzar en una mejor planificación urbana, que se haga cargo de los fenómenos descritos, ha pasado a ser hoy más que un desafío, un imperativo.

Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (“ODS”) el número 11 se refiere precisamente a esto: alcanzar ciudades y comunidades sostenibles. El objetivo propone conseguir que las ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Así, se identifican una serie de metas en las cuales la planificación urbana debe trabajar, como es el acceso equitativo de las personas a bienes y servicios adecuados en la ciudad, viviendas dignas, barrios caminables y seguros, sistemas de transporte público asequibles y amigables con el medio ambiente, acceso universal a zonas e infraestructura verde, el mayor resguardo y protección del patrimonio cultural y natural, lograr espacios más participativos e inclusivos y sostenibles, entre otros.

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Las ciudades serán sostenibles en la medida que tengan la capacidad de reflejar un desarrollo productivo que genere bienes y servicios asequibles para todas y todos, que pueda ser perdurable en tiempo y deje capacidades instaladas para las futuras generaciones. Este desafío se concilia con la reivindicación por el derecho a la ciudad.

Esta reivindicación supone una apuesta por recuperar lo urbano, integrando una serie de valores y conceptos que han ido otorgando identidad a las ciudades, pudiendo integrar en la comprensión y puesta en valor de lo urbano otros elementos, como son, el medio ambiente, la etnicidad, la cultura, el género, la diversidad y el fenómeno migratorio, todos los cuales inciden en las diversas formas en que puede “experimentarse” habitar la ciudad y que al mismo tiempo apuntan a la búsqueda de un espacio socio-ambiental más justo e inclusivo.

Implica entonces, poder democratizar lo urbano, democratizar el acceso a la ciudad, a los bienes y servicios que en ella se encuentran, y a la mayor participación en la toma de decisiones. Por tanto, el derecho a la ciudad es un derecho colectivo orientado al bien común que se basa en el ejercicio pleno de los derechos humanos en el territorio, y en su participación y gestión democrática.

La reivindicación del derecho a la ciudad, y -a las ciudades sostenibles-, defiende un nuevo paradigma de asentamientos humanos basados en los principios de justicia social y espacial, y ahora también climática, igualdad, democracia y sostenibilidad. Se trata de visibilizar una realidad, y generar un cambio de paradigma en el modelo de construcción de ciudades, para garantizar una vida digna a las personas en cada territorio.

El reto está en “no dejar a nadie ni a ningún territorio atrás”, y en ello la Declaración de la Agenda 2030 y sus ODS, reflejan un compromiso y deseo de lograr un mundo de respeto universal de los Derechos Humanos.

En ese sentido, las ciudades deberían ser el reflejo de ese mundo, y en ello el urbanismo como herramienta habilitante para la planificación del diseño de los bienes y servicios que se producen en las ciudades es fundamental y decisivo.

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Como señaló la científica y teórica de urbanismo Jane Jacobs: "Las ciudades tienen la capacidad de proporcionar algo para todo el mundo, sólo porque, y sólo cuando, se crean para todo el mundo".