Una ciudadana haitiana llegó a Chile en 2018 con visa temporaria y buscó establecer una vida estable en el país.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, en 2022, solicitó la residencia definitiva mientras trabajaba y cumplía con sus cotizaciones en el sistema previsional chileno, además de formar una familia.

Ese mismo año, su hijo nació en Chile, reforzando su vínculo con el país. Sin embargo, enfrentó problemas en su proceso migratorio debido a multas por retrasos en la renovación de documentos.

A pesar de haber pagado una de las sanciones, su solicitud de residencia fue rechazada en junio de 2024, y se le ordenó abandonar el país.

La mujer, que no tiene antecedentes penales en Chile, explicó que estos retrasos fueron producto de la complejidad del sistema y de problemas como la pérdida de acceso a su correo electrónico, donde se le enviaban actualizaciones del proceso.

Con el apoyo de abogados, argumentó que el rechazo de su residencia y la orden de salida no solo eran desproporcionados, sino que también ignoraban el derecho de su hijo chileno a permanecer con su madre.

La Corte de Talca acogió el reclamo de la mujer y señaló que, aunque la ley migratoria permite rechazos en casos de infracciones menores, las autoridades debían considerar factores humanos y familiares antes de aplicar una medida tan drástica.

La Corte destacó que la medida violaba el principio de unidad familiar y los derechos del niño, ordenando que el Servicio Nacional de Migraciones le diera a la mujer un plazo razonable para regularizar su situación.

La Corte Suprema confirmó esta decisión en octubre de 2024, instruyendo que se realice una evaluación que tenga en cuenta el arraigo familiar y la situación de su hijo.