El gobierno francés de Emmanuel Macron recibió numerosas críticas por su plan para recortar el costos de las licencias médicas de los funcionarios públicos dentro de su objetivo de recortar el gasto para reducir el déficit público.

El plan del Ejecutivo pasa por aumentar de uno a tres los llamados 'días de carencia', es decir los días de ausencia del trabajo no remunerados por una enfermedad leve.

Además, en algunas bajas médicas de larga duración, la remuneración de los trabajadores del sector público pasaría al 90% de su salario, frente al 100 % actual.

Los tres días de carencia son ya el período previsto legalmente en el sector privado, aunque muchas empresas o sectores no lo aplican en sus convenios y pagan las bajas desde el primer día.

1.200 millones de euros al año

El objetivo del Ejecutivo con estas medidas es combatir el ausentismo de algunos de los funcionarios y ahorrar 1.200 millones de euros al año (300 millones por los tres días de carencia y 900 millones por el recorte en las bajas de larga duración).

El Ejecutivo asegura que se basa en un informe de septiembre pasado sobre el ausentismo entre los funcionarios públicos, de los que hay 5,7 millones en toda Francia.

Para el ministro de la Función Pública, Guillaume Kasbarian, los "funcionarios son las primeras víctimas del ausentismo" de algunos de sus compañeros.

Pero sindicatos y partidos de izquierda se lanzaron en contra de la iniciativa.

"Mientras que los funcionarios tienen salarios cada vez más bajos y les faltan medios materiales y humanos, es inaceptable que el Gobierno quiera hacer ahorros a su costa", lamentó el coordinador nacional del izquierdista La Francia Insumisa, Manuel Bompard, en declaraciones a FranceInter.

Sindicatos en contra

Marylise Léon, secretaria general del mayor sindicato de Francia, CFDT, consideró que "hace falta cuidar al trabajo y no castigar a los funcionarios", y criticó a Kasbarian por lanzarse a proponer recortes sin discutir antes las condiciones de trabajo en la función pública.

Este propuesto ahorro de 1.200 millones de euros en la función pública forma parte del plan del Gobierno para bajar los gastos en 40.000 millones en el presupuesto de 2025, junto con aumentos de impuestos por 20.000 millones.

El objetivo es que el déficit público, que subirá este año al 6,1 % del producto interior bruto, según las previsiones gubernamentales, baje al 5,1 % el próximo año.

El pleno de la Asamblea Nacional reanudará el 5 de noviembre los debates sobre el proyecto de presupuesto y esta propuesta sobre los funcionarios promete encender aún más los debates, en los que la izquierda pide más impuestos a los más ricos en lugar de recortes que afecten al conjunto de la población.

Mientras, los macronistas intentan evitar en lo posible las subidas de impuestos con el argumento de que la fiscalidad francesa ya es una de las más elevadas de Europa. EFE