Un sistema más moderno, eficiente y pensado en el futuro. Así define el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, el FES, sistema que busca reemplazar al CAE en el proyecto presentado por el gobierno del Presidente Gabriel Boric. En entrevista con El Desconcierto, el subsecretario desmenuza la iniciativa, y detalla los beneficios del nuevo sistema que propone el Ejecutivo.

—¿Cuál es el diagnóstico que se hace para sentar las bases del proyecto?

En Chile tuvimos una educación superior que creció de manera muy rápida y lo hizo con un instrumento como fue el Crédito con Aval del Estado que tuvo una cantidad no planificada de subsidio público, a un punto que el Estado ha desembolsado 9 mil millones de dólares acumulado en toda su historia, lo que es una cantidad realmente altísima de recursos y que además refleja una ineficiencia por el lado del fisco en cuanto a la destinación de recursos a la educación superior.  Por otra parte, tenemos la situación de las familias que cargan con deudas muy superiores al costo real de sus carreras, producto de la acción de intereses y multas. Parte de esto fue aliviado por la reforma que introdujo el presidente Piñera el año 2012. No obstante, se mantuvo la distancia entre el aporte de las personas y el costo. Y luego con la reforma en la que ocurre el año 2018, comienza una política de gratuidad que le permitió a las personas estudiar gratis, pero siempre que estén dentro de los 60%  de menores ingresos. 

Y ahí creo que está el centro de la discusión; qué pasa con la clase media, que se transformó en el sector de nuestra sociedad que teníamos pendiente. Debemos entender que tenemos los aranceles más altos del mundo y que subieron durante la última década un 44% por encima de la inflación. Al mismo tiempo que tienes que solventar altos copagos entre lo que cubre el CAE y la educación. Es decir, el sistema actual es uno que exige mucho al bolsillo de la clase media. 

—¿De qué manera el Fes transforma el actual sistema de financiamiento?

El primer elemento del nuevo sistema de financiamiento que se propone es volver mucho más consistente la organización global del financiamiento de educación superior para las familias. Además de la gratuidad, ahora, para la clase media, proponemos el fin del copago, lo que implica que los estudiantes y sus familias no desembolsen recursos durante el periodo de la  carrera, con algunas excepciones en el tramo de más altos ingresos. Por lo tanto, inmediatamente esto es un mejor escenario para la familia de clase media. Primero, porque permite mayor respiro a actividades académicas y al mismo tiempo que libera a las personas de una deuda de naturaleza bancaria. Y lo importante del proyecto es que al no ser una deuda bancaria ni un crédito, la obligación de la retribución puede ir adaptándose a las trayectorias de vida de las personas, es decir, es una obligación de contribución que reconoce el carácter específico que tiene cada persona. 

—¿Y las instituciones educativas? ¿Qué rol juegan en este nuevo sistema?

Nos parece que este es un mejor sistema para las instituciones porque les entrega una fuente de financiamiento por cumplir una función que ayuda al interés público, que es formar profesionales y técnicos en base a una regulación arancelaria; es decir, basado en los costos razonables y necesarios de llevar adelante las labores formativas que es distinto de llevar adelante las labores formativas. Esto es distinto a que se regule a través del mercado. Algunas instituciones con mayor poder de mercado le hubiese significado un cobro no necesariamente vinculado a costos y calidad, pero para otras instituciones eso era imposible. 

Entonces nos parece un mejor sistema para las familias, un mejor sistema para las instituciones. Por supuesto que quedan desafíos pendientes en financiamiento, como es el de ciencia y tecnología, que no lo vamos a abordar a través de este proyecto, pero que el gobierno lo va a abordar a través de otras iniciativas.

—Pero desde las universidades privadas se ha cuestionado que termine con el copago.

Primero señalar que la modificación que nosotros estamos haciendo con este proyecto está en el marco de un proceso más global de modernización de la educación superior. La educación superior en Chile creció básicamente ante la premisa de la movilidad social. Independiente si cumplió o no esa narrativa, creemos que hay que dar un siguiente paso que tiene que ver en  cómo la educación superior ayuda a que Chile sea un país desarrollado. Y eso implica ciencia, investigación, tecnología, conocimiento e innovación. Y eso no la vamos a alcanzar con la fórmula que rige hasta hoy. Y esto es muy simple: los aranceles no van a poder volver a subir un 44% sobre la inflación en 10 años

Eso, a nuestro juicio, tiene un valor político: Chile tiene que aprender que en los pasos de las décadas siguientes no se puede replicar mecánicamente los pasos de las décadas pasadas. Tenemos que modernizarlos. Y lo que le proponemos a los rectores de las universidades privadas que han planteado la necesidad del copago es que ellos saben, como sabemos nosotros, que el futuro de sus instituciones no depende de los aranceles de pregrado, sea que los pague el Estado o las familias. Dependen de modernizar el sistema, avanzar hacia tener trayectorias académicas mucho mejores, más cortas y en avanzar a tener un mejor financiamiento. 

—Los rectores han alegado que el fin del copago aumentaría la deuda futura de los estudiantes, ¿cómo responde a esa crítica?

Yo le diría con mucha claridad a los rectores de las universidades privadas que duplicar la matrícula y en algunos casos multiplicarla por 10, cómo ha ocurrido con algunas instituciones, al mismo tiempo que estás subiendo tu tarifa un 44% por encima de la inflación, en ningún sector, no sólo en el educativo, se trata de condiciones que puedan mantenerse más de dos décadas. Por lo tanto, tenemos que sentarnos a trabajar en un proceso de modernización de la educación superior para ver cómo, de manera conjunta, enfrentamos los desafíos futuros. Nos interesa mucho la calidad, pero no estamos seguros que los aranceles de las últimas décadas se expliquen principal o necesariamente por calidad. 

Hoy la ciudadanía no tiene claro que aquellos aumentos de aranceles se trasladen a calidad. Es más, por eso nuestro proyecto ha planteado la necesidad de avanzar en transparencia activa para que la ciudadanía pueda ver cuántos recursos se entregan a la educación superior y cómo se gastan Ahora, dicho esto, por supuesto que vamos a escuchar los argumentos de las universidades privadas en el Parlamento, que es el lugar para llevar adelante esta discusión.

—El proyecto también saca de la ecuación a la banca ¿por qué esto es beneficioso para el sistema?

La idea de contar con la participación de la banca en el régimen anterior tenía que ver con que la educación superior podía financiarse a través de créditos individuales. Ese sistema tuvo varios problemas al implementarse, por lo que nosotros consideramos que la educación superior tiene que tener un financiamiento público que esté pensado para el largo plazo, es decir que tenga una institucionalidad y una regulación acorde al financiamiento público pensado en el futuro para, insisto, resolver el problema de la formación, porque de eso es lo que estamos hablando acá; de la formación. Por eso lo que se establece a través de este proyecto es que las personas estudien, las instituciones les formen y luego las personas cuando están en edad, retribuyan al fisco de tal manera que el fisco cuente con recursos necesarios para financiar a las instituciones. 

Es un esquema progresivo y justo que las personas retribuyen de acuerdo a sus trayectorias laborales y que nos permite tener un sistema mucho más eficiente, sin intermediación de la banca. Incluso haciendo la condonación que hemos propuesto al país. Y este nuevo sistema nos permite ahorrar en 10 años 3.500 millones de dólares, que es un poco más de un punto del Producto Interno Bruto. Es decir, nos va a generar mayor eficiencia fiscal.

—El otro punto importante de este proyecto es el que tiene que ver con la condonación. Según anunció el presidente, se establecieron niveles de condonación bajo distintos criterios. ¿Por qué se opta por este diseño? 

Lo más importante es que estas política va a beneficiar a todos los deudores. Son casi 890.000 deudores en etapa de pago en CAE, pero se suman más con el Fondo Solidario. Hay más de un millón y medio de deudores en distintos instrumentos de crédito. Para todos ellos hay una respuesta. Es una política, por lo tanto, de cobertura universal. Respecto a la pregunta, existe una condonación parcial que contempla totalidad en algunos casos. ¿Cuáles son? Aquellos que van a tener ingresos menores a lo esperado o que estuvieron al día mucho tiempo, o que no pudieron sacar el título profesional.

—¿De qué forma se concretará la condonación?

Esto ocurre en dos momentos, una condonación inicial, que es un monto que se calcula a partir de esta variable, y luego la condonación progresiva, que es la diferencia entre tu cuota original y el tramo de retribución del nuevo sistema que es proporcional a tu salario. Por lo tanto, si hay una diferencia positiva la persona, se resta y se condona eso. Si ocupáramos números del año 2022, que son números referenciales, podríamos hablar de que un 40% de los deudores estaría con obligación de retribución cero. Es decir, se le condonaría completamente la cuota de ese mes en que tuvieron cero ingresos. 

—¿Qué personas serán beneficiadas por la condonación?

Los que resultan condonados totalmente por la condonación inicial, son 70.000 personas y fracción, que es lo que anunció el Presidente. Por lo tanto, tendríamos una política que a nuestro punto de vista es contundente. 

—¿Y quiénes tendrán que seguir pagano?

La gente que tenga mayores ingresos va a tener que seguir pagando. Pero con una importante distinción; va a retribuir siempre una cuota menor y segundo, lo va a hacer no a un banco, sino a un Estado para que funcione un sistema de educación superior, es decir, hay un bien social en la ecuación. 

De todas maneras, van a existir todas las instancias en que las personas puedan discutir con la tesorería y, eventualmente, si así lo desean, tener un plan de pagos específico. Está la posibilidad en el proyecto para las personas que no quieran adherir al plan o quieran salir del plan, ellos irán a buscar un entendimiento especial con la Tesorería. Vamos a cautelar para que ese espacio exista. 

—¿Cuáles serían los incentivos que este proyecto contiene para llevar adelante este proceso de regularización de la deuda?

Primero, si estás al día, la condonación inicial va a ser mayor a todo evento. Tiene distintos cálculos, la ciudadanía tiene disponible en la página web la fórmula para sacar el cálculo. Y luego está la posibilidad del prepago. Si una vez hecha la condonación inicial, tú pudieras adelantar el 75% del remanente de tu saldo, el 25% restante se te condona totalmente y quedas con obligación cero. Esto para que más personas queden con deuda cero. Por otra parte, el proyecto contempla un beneficio tributario para las personas que ya pagaron el CAE, al cual no hay que postular ya que es de manera automática.