Un ciudadano colombiano que vive en Chile desde 2019, enfrentaba la orden de ser expulsado del país tras haber ingresado por un paso no habilitado en la frontera de Colchane.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, junto a su pareja, también de nacionalidad colombiana, decidieron emigrar a Chile debido a las amenazas y agresiones que sufrían en su país de origen por parte de grupos paramilitares.

Estas agresiones, que incluyeron secuestro y torturas, lo obligaron a buscar refugio en Chile, donde ha intentado regularizar su situación migratoria.

El hombre colombiano, que actualmente tiene un trabajo estable y vive con su pareja y su hija nacida en Chile en junio de 2023, se enfrentó a una orden de expulsión emitida por la Intendencia de la Región del Bio Bio en diciembre de 2020.

A pesar de que ha intentado regularizar su situación, la resolución de expulsión fue confirmada por las autoridades, argumentando que su ingreso al país fue ilegal.

Sin embargo, el ciudadano colombiano recurrió a la justicia para que su caso fuera reevaluado, destacando que su situación ha cambiado significativamente, ya que ahora tiene una hija chilena y su familia depende de él.

En un principio, la Corte de Concepción rechazó el reclamo del ciudadano colombiano, argumentando que la orden de expulsión estaba conforme a la ley migratoria chilena, la cual prohíbe el ingreso irregular al país.

Sin embargo, el caso fue llevado ante la Corte Suprema, que revirtió la decisión. El máximo tribunal destacó que el nacimiento de su hija chilena introdujo un nuevo factor en el caso, ya que el Estado tiene la obligación de proteger el interés superior del niño, como lo establece tanto la Constitución como la Convención sobre los Derechos del Niño.

La Corte Suprema subrayó que antes de ejecutar una medida tan grave como la expulsión, las autoridades migratorias deben considerar el arraigo familiar y la situación personal del afectado.

Finalmente, la Corte Suprema ordenó que se dejara sin efecto la orden de expulsión y que las autoridades migratorias emitieran un nuevo pronunciamiento, esta vez tomando en cuenta el arraigo familiar del ciudadano colombiano y el bienestar de su hija.