Hace poco más de un año publiqué en la revista de Políticas Públicas de la USACH un trabajo titulado “La respuesta del Estado frente a la ausencia del Ombudsman”, donde analicé como el Estado ha tratado la discusión sobre esta figura con una serie de proyectos que reposan en el Congreso Nacional, mientras se crean instituciones con un poder de acción limitado y focalizado.

Entre las conclusiones de este trabajo destaca haber encontrado la figura del ombudsman en distintas municipalidades del país bajo distintos nombres como “Defensor de las personas; de la gente; del pueblo”, entre otros, dejando entrever la respuesta de lo local frente a la falta de acción de la esfera central para prestar asistencia jurídica a la ciudadanía. Pero en aquel entonces no cuestioné un asunto fundamental: el uso político que se le puede dar a esta figura en las Municipalidades.

En mi análisis, luego de un extensivo estudio teórico, defino al ombudsman o defensor(a) de las personas como “un órgano autónomo encargado de velar por el respeto de los derechos de la ciudadanía y del correcto funcionamiento de los actos de la administración pública”.

En la actualidad esta figura en los municipios se encarga de prestar asistencia jurídica a la ciudadanía frente a diversas vulneraciones de sus derechos, e indudablemente es una institución necesaria que, desde una perspectiva comunal, representa una solución eficiente a corto plazo. No obstante, la reciente realidad del Municipio de La Florida nos ilustra cómo se puede distorsionar su finalidad envolviéndola en dinámicas políticas de coalición y de “compadreo”.

Hace no pocos días en el matinal de Chilevisión vimos al alcalde de la Municipalidad de La Florida, Rodolfo Carter, intentando explicar el motivo por el cual contrató al exfiscal Manuel Guerra, actualmente investigado por el Caso Hermosilla y presuntos casos de “cohecho judicial”, como “Defensor de la Gente” en el municipio. Ante el panel del matinal y el exfiscal Carlos Gajardo que se encontraba en el set, el alcalde indicó que el COSOC (consejo de la sociedad civil) contrató al exfiscal Guerra, pero este organismo es meramente consultivo. Acto seguido remata:

“¿Y sabe qué, Carlos? Se me ocurría, mientras estábamos en comerciales: el día que renuncia este señor (refiriéndose a Manuel Guerra) yo ordené que se abra un nuevo concurso para que los vecinos elijan un nuevo fiscal. Atrévase”.

Sutil invitación del edil para postular a un concurso público. Por supuesto, todo muy transparente para optar a un cargo en un Municipio en el marco de un proceso imparcial y objetivo. Luego de esto, es legítimo preguntarse ¿Cómo llegó Manuel Guerra a este cargo en primera instancia?

Lo complejo radica además en la legitimidad que las figuras comunales les otorgan a estos cargos cuando su selección responde a intereses personales. Si bien la creación de cargos como las defensorías de las personas en los municipios son iniciativas valiosas, su efectividad depende de garantizar su independencia y protección ante injerencias políticas. De lo contrario, seguiremos teniendo figuras que se convierten en herramientas de partidos políticos, distorsionando el auténtico espíritu de las defensorías ciudadanas y dando paso a su deslegitimación.

Sin duda resulta imperativo avanzar en la creación de un ombudsman o defensoría de las personas a nivel nacional para garantizar la protección imparcial de los derechos de la ciudadanía. Pero esta figura no debe depender de la voluntad política de la autoridad de turno, sino más bien operar con autonomía y transparencia.

Reconociendo esta realidad podremos avanzar en una discusión necesaria para el país, donde la protección de los derechos de la ciudadanía no sea motivo ni objeto de botín político y menos del pago de favores.

Pero, tristemente el caso del Municipio de La Florida evidencia su instrumentalización.