Experto y nueva ley tributaria: Es insuficiente "para recuperar la confianza en las instituciones”

Durante la última semana de septiembre, la Cámara despachó a ley el proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias, con lo que este se consolida como una nueva normativa vigente en Chile.

El trámite se efectuó en medio del optimismo del Ejecutivo respecto de su alcance y las materias que permite regular, contexto en el que consultamos al abogado del Estudio Peritum, Carlos Moreno, quien además es exjefe del departamento de delitos tributarios del Servicio de Impuestos Internos (SII), quien explica de qué se trata específicamente y qué tan útil es para nuestro país.

“La Ley de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias, es el recientemente aprobado proyecto del gobierno que busca mejorar la recaudación del Fisco, y reducir la evasión y elusión de impuestos”, comenta el experto.

Moreno asegura que, “como muestra de lo anterior, tenemos modificaciones que establecen beneficios tales como la condonación total de intereses y multas por deudas fiscales, con el fin de incentivar el pago; la modificación de las penas asociadas a los delitos de comercio clandestino, buscando la formalización de contribuyentes; y la modificación de las normas antielusivas establecidas en el Código Tributario, desincentivando el uso de figuras que reduzcan la carga de impuesto”.

En simple, resume, “se busca hacer que las personas que deban al Fisco puedan pagar con el incentivo de una rebaja importante, que las personas que no están formalizadas, y por ende no pagan impuestos, se formalicen y comiencen a contribuir, y que las empresas no utilicen figuras ilegitimas para reducir su carga tributaria”.

Facilita compromiso con el pago de impuestos

Siguiendo con su desglose, el especialista asegura que, “efectivamente la Ley de Cumplimiento Tributario, incorpora normas que buscan, por ejemplo, facilitar el cumplimiento de la principal obligación tributaria, que es la de pagar impuestos, principalmente por el incentivo de condonar intereses y multas, así como de ofrecer convenios para el pago de las deudas a una tasa de interés 0”.

“En cuanto a la modernización de la administración y fortalecimiento de la fiscalización”, complementa, “debemos pensar que, en 2014, a través de la primera reforma tributaria de la expresidenta Bachelet, se cambió un paradigma de la fiscalización”.

Esto hizo, detalla Moreno, que se pasara “de la fiscalización de todos los contribuyentes de un mismo rubro, a fiscalizar solo a aquellos que eran ‘riesgosos’, utilizando así de forma más eficiente los recursos fiscales, o sea, una fiscalización en base a riesgo”.

Ahora, recalca, “mediante la dictación de esta ley, lo que se busca es perfilar mucho mejor ese riesgo mediante la utilización de las últimas tecnologías, como la inteligencia artificial”.

“Eso va a derivar en que aquellos contribuyentes que cumplen con sus obligaciones, no sean objeto de fiscalizaciones, sino de acompañamiento, mientras que aquellos que tienen riesgo de incumplimiento, sean oportunamente detectados y fiscalizados”.

¿Qué sanciona la nueva normativa vigente?

Consultado respecto de qué penas involucra esta nueva ley, Moreno detalla que “las principales modificaciones sobre esta materia se realizan en el artículo 97 del Código Tributario, aumentando sanciones de carácter administrativo, como las multas por entrabar la fiscalización, o la clausura al comercio digital, impidiendo la emisión de documentos tributarios, y la suspensión de dominio web, o el acceso al proveedor para pagos electrónicos".

“Esto es una innovación importante, ya que las estadísticas muestran que el crecimiento de este comercio en los últimos años ha sido exponencial. Plataformas como Market Place, y otras no reguladas por Chile, generan anualmente gran cantidad de operaciones mercantiles que hasta ahora no han podido ser fiscalizadas por el SII”, agrega.

Paralelamente, releva, “se crea una figura penal en el nuevo numeral 27, del artículo 97 del Código Tributario, que busca sancionar penalmente a las personas que saquen bienes de la empresa, cuando, por ejemplo, se ha iniciado una fiscalización”.

“Dicha figura, además, no queda limitada solo al contribuyente, sino que puede alcanzar también al asesor que participe en la ejecución de los actos o contratos”, dice Moreno al tiempo que agrega que, “en este caso, la sanción va desde tres años y un día, hasta cinco años de presidio”, recalca.

Nueva normativa y crisis actual

Con la actual crisis de confianza en Chile, ¿esta ley es suficiente o se requieren nuevas herramientas?, es otra pregunta que le formulamos a Moreno, quien asegura que “la pérdida de confianza en la institucionalidad está marcada por los casos de connotación nacional en los que los organismos que estaban llamados a fiscalizar no lo han hecho, o se han visto vulnerados por algunos de sus funcionarios, desde los cargos más pequeños, hasta los cargos de la dirección”.

“En este sentido, se extraña que en este proyecto no se hayan incluido sanciones duras para los funcionarios que participen, directa o indirectamente, en la comisión de ilícitos tributarios”, cuestiona.

Ahora bien, destaca, “parte de esta pérdida de confianza está dada por el actuar ilegítimo que pueden sentir los contribuyentes en ciertas decisiones del Servicio de Impuestos Internos, tales como los bloqueos generales que vivimos hace algunas semanas. En este sentido, la creación mediante este proyecto, del Consejo Tributario, busca hacer más objetivo, y menos sujeto a arbitrariedades las decisiones del SII”.

“Un ejemplo claro sería la situación sucedida hace algunas semanas, en la que el SII emitió la Circular 11/2024 afectando con impuesto adicional a las bebidas deportivas, lo que generó una serie de cuestionamientos a la legalidad de la actuación y, tras lo cual, el 12 de julio de 2024, el SII decidió suspender los efectos de dicha circular”, detalla.

Y es justamente este tipo de situaciones las que, explica, “se espera que se puedan evitar por la objetividad que debiese traer aparejada la creación de este consejo”.

¿Cómo se garantiza el cumplimiento de la nueva ley?

Consultado luego respecto de cómo el Poder Judicial debería garantizar el cumplimiento de esta normativa para que no sea vulnerada, Moreno asegura que “el problema no pasa” por esta entidad, sino por las actitudes que pueda tomar el órgano fiscalizador.

“El Poder Judicial siempre está llamado a hacer cumplir la ley, pero si me enfoco en los objetivos del proyecto, como por ejemplo recaudar, lo que debiese hacer es incentivar el pago del tributo, y eso puede pasar por entregar facilidades para los deudores, como también simplificar el sistema tributario e incentivar el emprendimiento”.

Paralelamente, el experto asegura que “tras seis reformas tributarias, ningún contribuyente podría decir que tenemos un sistema tributario que sea sencillo y de fácil comprensión” y que, de hecho, “en ocasiones ese es el verdadero motivo del incumplimiento, el desconocimiento”.

Por último, cuando le preguntamos qué tan regulada está este tema en el ámbito tributario chileno, Moreno comenta que, en su opinión, “todas estas materias están demasiado reguladas en la legislación Chilena”.

“El hecho de tener seis reformas tributarias en los últimos 15 años, hace que su comprensión no sea para nada sencilla”, agrega al tiempo que sostiene que esto “también influye en la resistencia natural al cambio que se suscita en los contribuyentes, y los naturales y consecuentes incumplimientos”.

Finalmente, Moreno es claro en resumir su postura ante esta nueva modificación. “En mi opinión, esta reforma tributaria, si bien ataca problemas como la objetividad del órgano fiscalizador, y la facilitación del pago de impuestos, también queda al debe con el trabajo necesario para recuperar la confianza en las instituciones”.