La educación en Chile ha sido, por años, un campo de batalla donde el lucro y el abandono de las promesas públicas han marcado profundas cicatrices. La reciente investigación de El Mostrador reveló cómo Marcela Cubillos, candidata a la alcaldía de Las Condes, recibía millonarios pagos por parte de la Universidad San Sebastián.

Estos pagos, que alcanzaron cifras exorbitantes, se justificaron bajo la apariencia de "asesorías académicas", pese a que su participación se remite a solo 22 horas semanales, es decir, media jornada.

¿Es este solo un caso de una empresa privada pagándole altos sueldos a uno de sus trabajadores? Claro que no, este no es solo un trato entre privados, ni un flashback al año 2011 donde exigimos el fin al lucro en la educación. Este caso es un claro ejemplo de cómo la ética queda relegada cuando el interés personal se impone sobre el compromiso con el bien común.

La dimensión humana de esta historia va más allá de una cifra en una planilla de pagos, afecta directamente a quienes deberían ser los verdaderos beneficiarios de los recursos destinados a la educación: los estudiantes que eligieron estudiar en la Universidad San Sebastián.

Recordemos el caso del cierre de la Universidad Iberoamericana en 2017, que dejó a más de 3.000 estudiantes en el limbo. Muchos de estos jóvenes ya habían vivido el trauma de la quiebra de la Universidad del Mar, otra institución privada clausurada por graves irregularidades. Para ellos, la historia se repetía, enfrentando un futuro incierto, marcado por la desesperanza de haber invertido años de esfuerzo, estudio y dinero en una educación que se les arrebataba.

Mientras los estudiantes luchaban por su derecho a una educación digna, el Ministerio de Educación, bajo la dirección de Marcela Cubillos, ofreció una salida que distaba de ser la solución justa que esperaban. La propuesta de reubicarlos en universidades privadas, sin garantías de calidad ni financiamiento, fue rechazada por los mismos estudiantes que sabían, mejor que nadie, el peligro de caer nuevamente en manos de un sistema que prioriza el enriquecimiento de algunos por sobre el aprendizaje y la formación de profesionales de calidad.

En medio de este caos, la Federación de Estudiantes de la Universidad Iberoamericana se levantó y buscó una alternativa que demostrara que el compromiso con la educación pública seguía vivo. Iniciaron negociaciones con la Universidad de Santiago de Chile (USACH), una institución estatal que, después de un largo y difícil proceso, aceptó acoger a estos estudiantes.

Este acuerdo fue un hito, el primer caso en el que una Universidad pública apoyaba a una privada en crisis, poniendo como prioridad el bienestar de los estudiantes y de sus familias.

Este episodio nos muestra dos caras opuestas de la misma moneda. Por un lado, tenemos a una exministra que, en vez de priorizar el acceso a una educación de calidad que se les prometió a esos estudiantes, parece haber encontrado en el Estado una fuente de ingresos personales. Y, por otro lado, tenemos a una Universidad estatal que, con recursos limitados, se hizo cargo de una crisis que no le correspondía y que el Gobierno no fue capaz de resolver, pero que asumió como un deber moral.

La educación es un derecho humano. Sin embargo, cuando quienes ostentan el poder ven en ella una oportunidad para el enriquecimiento personal, quienes pagan las consecuencias son los estudiantes. Las familias chilenas que confían en que el sistema educativo será una vía para el desarrollo y la movilidad social se ven traicionadas cuando el lucro se antepone a la responsabilidad ética.

El caso de Marcela Cubillos no es un hecho aislado; es un reflejo de una estructura que necesita una revisión profunda y urgente. Mientras algunos se benefician de sueldos millonarios sin cumplir funciones académicas reales, miles de jóvenes en el país continúan siendo víctimas de un sistema que los margina y les niega oportunidades genuinas de desarrollo profesional.

El testimonio de los estudiantes de la Universidad Iberoamericana y la Universidad del Mar es solo la punta del iceberg. Representa a todos aquellos que, con esfuerzo y sacrificio, buscan un futuro mejor, pero que son invisibilizados por una élite que, desde sus posiciones de poder, decide en función de intereses propios y no del bien común.

El desafío que enfrenta la educación en Chile va mucho más allá de lo técnico o administrativo: es un reto ético de primer orden. La historia ha dejado claro que la educación pública tiene un papel fundamental, no solo en la formación de profesionales, sino también en la construcción de una sociedad más justa, equitativa y democrática.

Cuando quienes deberían defender estos valores traicionan el principio de igualdad de oportunidades, la responsabilidad de exigir un cambio recae en toda la sociedad. Porque no podemos permitir que el futuro de los estudiantes quede en manos de aquellos que ven la educación como una simple vía para el enriquecimiento personal, en lugar de un motor para el desarrollo y el bienestar del país.